Se anunció el pasado lunes a bombo y platillo en un acto con presencia de multitud de representantes de los sectores implicados. Allí estuvieron la ministra de Vivienda, el presidente de la Junta, el consejero de Fomento y junto a ellos el presidente de la patronal regional de constructores, la Federación de Municipios y Provincias, responsables de entidades financieras comprometidas en la concesión de créditos, notarios, registradores y administrativos.

Todos ellos presentaron un plan alabado como ejemplo de la colaboración entre administraciones y que en teoría permitirá convertir en VPO 30.000 viviendas libres que permanecen sin vender en toda la región. Según un estudio del Ministerio de Vivienda referido al 31 de diciembre de 2008, en toda la región hay 40.000 pisos de precio libre sin salida en el mercado y tres cuartas partes de ellos son susceptibles de pasar a viviendas protegidas.

Siguiendo esa misma estadística, en la provincia de Burgos habría un excedente de unas 5.200 viviendas y, manteniendo la misma proporción, 4.000 de ellas podrían transformarse en VPO siempre que cumplan las características de tamaño y precio que impone este régimen protegido.

Para el presidente del Colegio de Arquitectos de Burgos, David Dobarco, la iniciativa «es la primera medida razonable e importante que vemos en mucho tiempo». Los arquitectos ya defendieron hace meses la necesidad de que la administración contribuyera a mover el mercado con medidas verdaderamente efectiva y no temporales, como el Plan E, y ahora creen que se ha acertado. Dobarco explica que «con esto las entidades bancarias podrán liberarse de una carga, porque además se ofrece la alternativa de un alquiler con opción a compra que facilita las cosas a quienes tienen problemas de financiación para entrar directamente a adquirirla en propiedad». Y subraya cómo «es una estrategia a medio plazo que la Junta de Castilla y León ha emprendido, lo que demuestra que aquí teníamos camino avanzado, pero que servirá en toda España».

Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica, tal y como advierte el presidente de la Federación de Promotores Inmobiliarios de Burgos, Gonzalo López Recio, para quien la medida «se puede aplaudir por sus intenciones pero será testimonial y apenas tendrá incidencia en el mercado burgalés». Los promotores recuerdan que «en la actualidad se está construyendo infinitamente más VPO que hace unos años, cuando no se hacía nada, de hecho las empresas nos hemos refugiado precisamente en ello ante la paralización de la vivienda libre». Por eso, López Recio argumenta que «existe una oferta de pisos protegidos que es suficiente y que no necesita ser ampliada».

Más bien al contrario, «lo que deberían hacer las administraciones es subvencionar al comprador para poder acceder a créditos y elegir en el mercado libre», dice el presidente. La patronal del sector subraya que «las viviendas que están actualmente sin vender son en su mayoría de "alto standing" procedentes de promociones anteriores», como puede ser el caso de Cellophane, «y convertirlas en VPO no tendría sentido» porque las inmobiliarias estarían afrontando importantes pérdidas.

todos ponen. Habrá que esperar unos meses para comprobar si se cumplen los augurios de los promotores o si, por el contrario, tiene éxito el desarrollo del acuerdo firmado la semana pasada. Según se presentó en su día, las viviendas convertibles a VPO tendrán que cumplir con los requisitos de superficie, calidades y precio propios de su condición. Por ejemplo, en la provincia de Burgos el coste rondaría los 1.940 euros el metro cuadrado, casi 165.000 para un piso de 85 metros.

Al menos el 25% de las viviendas ofertadas lo serán en régimen de alquiler o alquiler con opción de compra. Mientras el Ministerio de Vivienda aportará recursos económicos, autorizará la concesión de préstamos y ayudas directas la Junta de Castilla y León también aportará dinero y realizará las gestiones precisas para la venta o alquiler de las viviendas, garantizando los derechos de adquirentes y arrendatarios. Por su parte, la Federación Regional de Municipios y Provincias colaborará en la difusión de información a los ayuntamientos, la Federación de Constructores remitirá a la Consejería de Fomento la relación de las viviendas que ponen a disposición de la reconversión en VPO, las entidades financieras facilitarán el crédito, los notarios y registradores de la propiedad reducirán un 40% sus honorarios por la formalización de los trámites y, por último, los gestores administrativos también rebajarán en el mismo porcentaje sus tarifas.

En definitiva, un admirable ejercicio de coordinación entre demasiadas partes cuyos resultados prácticos están por ver.