Los vecinos llevan tres años reclamando una solución a las goteras que achacan a las obras en superficie.
Estaba cantado que lo de la plaza de Santiago ni iba a acabar en besos y abrazos entre el Ayuntamiento y Ferconsa, la filial de Ferrovial que ejecutó las obras de acondicionamiento del lugar. Un decreto firmado por el alcalde, Juan Carlos Aparicio, y cimentado en un denso informe del área de Contratación, dictamina que la empresa incumplió «irresponsable y culpablemente una de las obligaciones esenciales» tanto del pliego de adjudicación como del contrato.
Concretamente, Secretaría General se refiere a la potestad que se reservó la dirección facultativa de las obras, que pertenecía a los servicios municipales, para dictaminar en qué condiciones debió ejecutarse tanto la reurbanización como los modificados posteriores. Habida cuenta de que la dirección facultativa se ha negado en diversas ocasiones a recepcionar la obra, se considera dicha cláusula incumplida y se abre la vía ejecutiva.
Esa vía implica la resolución del contrato suscrito con la empresa, incautar la garantía depositada por la firma al comienzo de las obras (47.190 euros) «para responder a las consecuencias derivadas del contrato» y «exigir» a la adjudicataria «la indemnización por daños y perjuicios» que determinará una pieza separada.
«Podríamos haber ido un paso más allá e impedir que la empresa pueda presentarse a la contratación de nuevas obras con el Ayuntamiento, pero de momento lo dejamos ahí», explica Ángel Ibáñez, concejal responsable de Hacienda y Contratación.
En referencia a las críticas vecinales recibidas por el incremento de goteras y humedades que sufren los garajes subterráneos de la plaza como consecuencia, presuntamente, de una mala ejecución del proyecto, Ibáñez asegura que este decreto «demuestra que no hemos estado parados y que siempre hemos estado al lado de los vecinos cuando nos hemos negado a recepcionar una obra que considerábamos mal ejecutada».
No obstante, este proceso abre ahora un periodo en el que no se podrán ejecutar las mejoras que requieren los afectados porque cualquier intervención podría interferir en el peritaje de la obra ejecutada por Ferconsa que, a buen seguro, será necesario realizar para que la Justicia dirime ahora las responsabilidades de unos y otros.
El decreto habilita un plazo de diez días para que Ferconsa presente las alegaciones que estime oportunas. La obra se adjudicó en Junta de Gobierno en febrero de 2006 por un importe de 970.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses y medio.
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