Enero de 2006. España saca pecho en los mercados internacionales, el paro masculino ha quedado reducido a lo anecdótico y el femenino comienza a reducirse. La construcción es el primer motor económico del país, la industria firma revisiones salariales al alza de hasta el 5% anual, la inmigración se dispara porque aquí hay trabajo y el dinero fluye a chorro. Esto es Jauja.

En aquel momento hubo voces que alertaron de la carestía de suelo industrial en Burgos que fuera capaz de aprovecharse de ese ecosistema para arraigar inversiones. Los sindicatos insisten en esta necesidad, las entidades financieras y los municipios de la provincia comienzan a atisbar en la creación de polígonos una vía de negocio y las primeras deslocalizaciones serias urgen atraer nuevos capitales.

Agosto de 2007. La economía comienza a resentirse tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, la quiebra de grandes corporaciones internacionales y los batacazos del sector financiero nacional, que empuja al sector a cerrar el grifo.

Aún así, las máquinas entran en el S-26, un sector de más de dos millones de metros cuadrados que una UTE va a convertir en 130 parcelas industriales (en su mayoría, también las hay para usos terciarios). Es la conocida como cuarta fase del polígono de Villalonquéjar. En los mapas de la economía se avecina tormenta, pero la previsión para el crecimiento industrial sigue siendo buena. El Consorcio que desarrolla la ampliación (Ayuntamiento y Caja de Burgos) tiene lista de espera. Las 130 parcelas tienen novio y las reuniones para adjudicarlas arrojan listados que suman cientos de puestos de trabajo e inversiones multimillonarias.

Invierno de 2010. La crisis ha cabalgado sobre España como si del quinto jinete del Apocalipsis se tratara y se ha llevado por delante los proyectos que iban a ocupar 81 parcelas en Villalonquéjar. Según confirman fuentes del Consorcio, a día de hoy hay 49 parcelas para cuya adquisición ya se han entregado cantidades; esto es, van en serio. El resto se ha quedado por el camino.

«Cuando comenzamos a llamar a las empresas hubo muchas que no recogieron el guante, otras sí lo hicieron e incluso las hay que no estaban previstas de inicio pero que se han ido sumando a las que se han quedado», explican en el seno del Consorcio, donde asumen que «la demanda llegó a superar a la oferta».

COMPETITIVO. Acaso la única consecuencia positiva de esta realidad sea que ya nadie podrá argumentar que Burgos no atrae inversiones porque no hay suelo que ofrecer. Las 49 parcelas adjudicadas ya son un asunto muy serio. Suman, en total, más de 530.000 metros cuadrados de nuevas industrias. Pero hay reservas.

El Consorcio ofrece los suelos a un precio que oscila entre los 73 y los 80 euros el metro cuadrado recién urbanizado, un precio de mercado muy competitivo para estar en una capital eminentemente industrial, como es el caso. El terciario, que admite uso comercial se vende a 165 euros el metro «a día de hoy», matizan en el Consorcio.