Como si de un peligro latente se tratara, Caja de Burgos quiere borrar del mapa de la ciudad la manzana de viviendas de alquiler social que hay en Manuel de la Cuesta, calle Soria y avenida del Norte. En total, 150 viviendas de las que en los dos últimos años han salido la mayoría de los inquilinos de renta antigua que allí vivían, en muchos casos alcanzando acuerdos para mudarse a viviendas de alquiler de la propia Caja.
Pero hubo quien no llegó a un acuerdo. Algunos adujeron que las condiciones del nuevo alquiler eran demasiado altas para personas que en no pocos casos viven de su pensión, otros no querían moverse del que había sido su hogar durante casi medio siglo y otros esperaron a escuchar ofertas venideras. Hace dos meses, con cinco inquilinos aún firmes en su postura, la Caja decidió lanzar un órdago.
Tres alcanzaron un acuerdo. Los otros dos casos fueron llevados por la propiedad ante los tribunales «porque se trataba de gente que ni siquiera vive allí», argumentan fuentes consultadas por este periódico.
Sobre uno de los casos de desahucio se celebró una vista el pasado lunes en la que, según fuentes de la propia Caja, no se personó el inquilino, motivo por el que se espera sentencia favorable a la propiedad en los próximos días. El otro juicio está previsto para el mes de marzo, pero la entidad no piensa esperar a que se celebre para iniciar la demolición.
POR FASES. Caja de Burgos ha solicitado ofertas a seis empresas para acometer los trabajos de derribo. Ha dado un plazo para presentar propuestas económicas que expira el 15 de febrero. Una vez concluida la selección de la empresa que la realizará, la demolición «se iniciará de forma inminente, antes de marzo».
Eso será posible gracias a que, como ya publicó ayer este periódico, la Caja ha obtenido la pertinente licencia para acometer el derribo. Dado que resta la celebración de un juicio señalado para marzo, es probable que las máquinas se encuentren con un inquilino aún residiendo de forma legal en la barriada.
«Si se da el caso iniciaremos el derribo de todos los bloques menos el del piso de este inquilino y el colindante. Todo lo demás se tirará», advierten en la Caja.
La proliferación de la ocupación ilegal en los pisos ya vacíos preocupa en el seno de la entidad financiera por el riesgo «de que se produzca algún accidente grave» en el interior. Se han iniciado tres procedimientos judiciales contra la ocupación y se cegaron puertas y sanitarios, pero la realidad es que al menos una veintena de viviendas siguen teniendo "inquilinos".
El futuro de la parcela resultante será residencial, pero no se ha decidido si se levantarán viviendas sociales o libres. En cualquier caso, su reordenación estará condicionada por el nuevo PGOU.