Un vecino de Medina de Pomar, acuciado por los embargos judiciales, entró a las 11.20 horas de ayer en la sede central de Cajacírculo secuestró a Inmaculada Peña, empleada del Departamento de Valores, a punta de cuchillo. Casi 5 horas más tarde, accedió a hablar con unos agentes camuflados como periodistas de televisión y un grupo de los GEO de la Policía Nacional tomó al asalto el búnker en el que se había atrincherado con la rehén, que fue liberada con apenas un rasguño en el cuello.
Minutos después, 2 vehículos policiales camuflados salían a toda velocidad del garaje de la calle Julio Sáez de la Hoya. En el segundo de ellos, en la parte trasera y entre 2 agentes, viajaba José Ramón Torre con destino a los calabozos de la avenida de Castilla y León. Allí se preveía que pasase la noche, antes de ser puesto a disposición judicial como presunto autor del secuestro que mantuvo en vilo a Burgos durante toda la jornada.
«Cajacírculo me ha arruinado la vida», gritó el sospechoso, de 60 años, en medio del patio de operaciones. En realidad, la firma se había limitado a ejecutar la orden de embargo de unos depósitos, valorados en más de 100.000 euros. Era una más de las ejecuciones a las que se ha visto sometido como responsable civil de un incendio en su vivienda, que originó cuantiosos daños a diferentes propietarios y diversos procedimientos en un Juzgado de Villarcayo. Un total de 645.000 euros, según fuentes cercanas al caso, de los que su seguro solo cubre 150.000.
Pero durante las negociaciones con la Policía nunca pidió dinero en efectivo. Al parecer, se lo ofrecieron a cambio de liberar a la trabajadora pero lo rechazó. Tenía otra petición. Quería ver al «jefe de los jueces», el único que pensaba podía arreglar el problema que arrastra desde hace años y que se ha hecho más acuciante en octubre. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción, se puso a disposición de los mandos del operativo y estuvo informado en todo momento del desarrollo del secuestro, aunque se decidió que no acudiese al lugar de los hechos.
Sí lo hicieron el fiscal superior de Castilla y León, Manuel Martín Granizo, y su segundo, Fernando Mena. 50 minutos después de iniciarse el secuestro, llegaban para aportar a la Policía todos los datos que pudieron recopilar acerca de la denuncia que 2 años atrás había presentado. El máximo responsable del Ministerio Público en la región se encargó de investigar las supuestas irregularidades policiales y judiciales de la que Torre daba cuenta en su escrito, todas relacionadas con el incendio del que se le responsabilizó, para archivarla por falta de indicios.
Tranquilizar
Para entonces llevaban apenas una hora de secuestro y parecía que la situación iba a quedar solucionada. Los agentes trataban de tranquilizar al sospechoso, después de unos comienzos muy tensos, en los que varios policías llegaron a desenfundar sus armas. El aviso que inicialmente recibieron por la emisora era el de un atraco en la central de Cajacírculo. Varios vehículos camuflados se presentaron minutos después y sus ocupantes no tardaron en percatarse de que no se trataba de un ladrón al uso.
Dentro había personal de seguridad privada, al menos 3 vigilantes, pero optaron por no intervenir para salvaguardar la vida de la empleada y esperar a los policías. Entre todos intentaron calmar a José Ramón Torre y en algunas ocasiones llegaron a pensar que lo habían conseguido, pero los altibajos del secuestrador impidieron una entrega voluntaria.
Testigos presenciales explican que durante las negociaciones, que comenzaron a las 11.35 horas, había momentos en los que se mostraba muy entero y otros en los que parecía derrumbarse. Según algunas fuentes, barajó incluso la idea del suicidio y mantuvo durante prácticamente todo el rapto a la rehén maniatada y con la punta del cuchillo tan cerca del cuello que le provocó una pequeña herida.
Expectación
Mientras dentro se desvanecía la esperanza de una pronta liberación, en los exteriores de la central de Cajacírculo crecía la expectación, con la calle Julio Sáez de la Hoya y la mitad de Reyes Católicos cortadas al tráfico por la Policía Local. Centenares de curiosos y familiares de los empleados se acercaban a comprobar in situ qué había ocurrido, mientras no dejaban de llegar efectivos policiales.
Entre los más preocupados por el destino de Inma Peña estaba uno de sus 2 compañeros, que al parecer estaba en una reunión cuando llegó el secuestrador. «Si estamos los 3 o al menos estoy yo con ella esto no pasa», repetía con insistencia mientras miraba al ventanal de su mesa de trabajo.
Parte de la plantilla de Cajacírculo fue desalojada en silencio -a ellas les pedían avanzar de puntillas para evitar el ruido de los tacones- aunque otros permanecieron en el interior del edificio con relativa normalidad.
Cámara web
Alrededor de las 13.30 horas, intentaron convencer al captor para que les dejase introducir en el búnker donde se había encerrado una cámara web. Pero no accedió. Poco después llegaron agentes expertos en negociaciones del Cuerpo Nacional de Policía, hasta 5 intervinieron en el proceso, aunque para entonces la caravana de los GEO ya estaba muy cerca de Burgos. Una docena de vehículos sin ningún distintivo salvo sirenas azules de quita y pon hacían su entrada en el garaje a las 14.45 horas.
25 minutos después, un mando de la Policía Judicial de Burgos solicitaba a los cámaras de los medios de comunicación petos de prensa y cazadoras con el logotipo de CYLTV bien visibles. La estrategia estaba muy clara. Querían hacerle creer que iban a grabar una entrevista o un comunicado para que bajase la guardia.
A las 15.50 horas, 4 integrantes del equipo táctico de los GEO -constituido por unos 30 especialistas- accedieron al portal número 8 de Julio Sáez de la Hoya. A la izquierda, junto a los ascensores, existe una puerta que da acceso a la Caja, muy cerca del búnker. En menos 15 minutos, los móviles de quienes la esperaban fuera sonaban con el mensaje más feliz. ¡Todo ha acabado! ¡Inma está bien!