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01/11/2009

Entrevista / Manuel Martín-Granizo • Fiscal superior de Castilla y León

«Entiendo a los padres de Iván Herrero, pero un solo puñetazo no tiene la intención de matar»

Perfil. Este vallisoletano de 54 años, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue nombrado fiscal jefe del TSJ en 2006 tras estar al frente de la Fiscalía de Palencia 15 años.

Manuel Martín-Granizo, fiscal superior de Castilla y León.

Patricia

I. Elices / Burgos

Manuel Martín-Granizo fue nombrado fiscal jefe del TSJ de Castilla y León hace justamente tres años. Y en enero de 2008 tomó posesión del cargo de fiscal superior de la Comunidad autónoma. En este periodo considera que la plantilla de fiscales de la región es suficiente «para lo que la sociedad nos demanda». La situación de la justicia «no es la ideal, pero no es un desastre», asegura en la entrevista.
Más de tres años al frente de la Fiscalía del TSJ, con su nombramiento de por medio como fiscal superior de Castilla y León propiciado por el nuevo Estatuto del Ministerio Fiscal. ¿En qué ha beneficiado a la justicia este proceso de descentralización de sus funciones?
Por un lado, la Fiscalía Provincial de Burgos puede dedicarse con plenos esfuerzos a los problemas y trabajo de Burgos. Y que el nuevo fiscal regional puede dirigir y coordinar el trabajo de los 120 fiscales que hay en Castilla y León
Tomó el cargo en 2006 con la intención de dar más agilidad a la tramitación de asuntos. ¿Lo está consiguiendo?
En eso estamos. En algunas fiscalías se trabaja con más agilidad que en otras. Pero esa es mi principal preocupación. Entiendo que una justicia tardía es absolutamente insatisfactoria. Prueba de ello es el juicio que se celebró la semana pasada en la Audiencia de Burgos sobre la presunta corrupción en la Delegación de Hacienda por unos hechos acaecidos hace muchos años.
¿Cuáles son esas fiscalías más ágiles?
Las fiscalías pequeñas, con menor volumen de trabajo -Palencia, Zamora, Soria- son más ágiles al despachar menos asuntos. En las medianas, como Valladolid, León, Salamanca o Burgos se acumulan los problemas y el número de procedimientos provoca una cierta lentitud. Hay que echar imaginación, introducir la mediación en un futuro no muy lejano, ya que la Fiscalía no puede impedir que lleguen asuntos al sistema judicial.
¿A qué se refiere?
A la introducción de una figura compleja, que es el principio de oportunidad. En España rige el principio de legalidad por el cual cualquier hecho delictivo debe ser investigado. En Francia puede utilizar el fiscal el principio de oportunidad para impedir que lleguen al sistema judicial determinados asuntos por ser conscientes de que el sistema judicial no puede darles salida.
¿Y qué se hace con esos casos?
Se archivan. Además, en Francia el fiscal es la única figura que ejerce la acción penal, no hay ni acusaciones particulares ni populares. Éstas solo pueden ejercer la acción civil. En España no hay principio de oportunidad, sino de legalidad, por lo que estoy muy satisfecho. Pero tenemos la acusación particular y popular, que en muchas ocasiones van más allá de la Fiscalía, que debe primar el principio de imparcialidad. Y llevan los asuntos más allá de lo que se debiera. Y se retrasan muchos procesos. O crean procesos que solo con el criterio del Fiscal no existirían. Tenemos un sistema muy garantista, que deja intervenir al ciudadano, en mi criterio en exceso. En materia de Menores se eliminó la acusación particular y ahora ha vuelto. Y se habla de que las futuras leyes de enjuiciamiento criminal no eliminarán el jurado popular. El sistema hace aguas por algunos flancos.
Tras estos años en el cargo, ¿considera que la plantilla de fiscales para la Comunidad es suficiente?
Es una plantilla razonable. Este año se han aprobado seis nuevas plazas en seis provincias. Seremos 124 fiscales con estas incorporaciones. Todo es perfeccionable, pero por ahora creo que podemos llegar a todo lo que la ley y la sociedad nos exige. El ritmo de crecimiento de la plantilla seguirá en el mismo sentido. Con ello llegaremos a ámbitos a los que es difícil acceder, como el de personas desfavorecidas, ancianos, etc.
¿Y los recursos físicos y técnicos?
Creo que tenemos buenos medios. Padecemos mucho el problema de la dispersión geográfica de la población. Somos los principales perjudicados. Nuestra sede está en la capital de las provincias y tenemos que desplazarnos a los pueblos. La videoconferencia nos facilita la presencia en un lugar distante. Las instalaciones son dignas y modernas en Salamanca, Ávila o Burgos. Hay sitios con más problemas, como León, que cuenta con dos sedes. En Palencia, los cuatro fiscales tienen su despacho pero el lugares distintos. Pequeñas disfunciones que hay que arreglar. La situación no es la ideal, pero no es mala, no es un desastre.
Reclama que la Junta asuma cuanto antes las competencias en Justicia. ¿Cómo va afectar al funcionamiento de la Fiscalía del TSJ?
En esta Fiscalía, de una manera sustancial. Por ley, la Junta está obligada a dotar a la Fiscalía de una secretaría técnica, con personal experto en estadística, servicio de prensa, informática, etc. Mejorará mucho la Fiscalía. A la hora de atender las necesidades diarias de la justicia, la cercanía de la Administración es una gran ventaja. A veces sucede que el Ministerio es un ente demasiado abstracto y lejano, a pesar de estar en una provincia vecina. Cuando los centros de decisión estén en la Comunidad las cosas irán mejor.
¿Existirán roces entre el Ministerio Fiscal de la Comunidad, que depende del Fiscal General que nombra el Gobierno de Madrid y ahora es socialista, y la Junta, donde manda el PP?
No debería. Aunque tenemos ejemplos que dicen lo contrario. Hace años el Gobierno vasco, con el PNV, mostró su intención de eliminar las viviendas oficiales de fiscales y jueces. Tenemos ejemplos de conflictos. No debería. Cada Administración debe ser consciente de su papel institucional.
A los jueces les costó abrirse a la sociedad. Pero en una estrategia de acercamiento a la ciudadanía están dando más a conocer sus actuaciones. Han contratado servicios de prensa, etc, para conseguirlo. ¿El Ministerio Fiscal debe tender hacia lo mismo?
Sí, por supuesto. La secretaría técnica contará con un servicio de comunicación que nos acercará a la ciudadanía.
¿Está investigando la Fiscalía derivaciones del caso Gürtel en Castilla y León?
No. Las noticias que tengo es que se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid o en el Supremo. Digo lo que dicen los medios de comunicación, que puede afectar a aforados. Tanto en la Fiscalía como el Tribunal Superior estaremos a la espera de lo que pueda llegar, especialmente de lo que decida el Supremo. Si decide investigar los hechos en su conjunto o si decide que unos hechos cometidos en una autonomía sean investigados en ese territorio.
Según algún medio, sí afectaría a políticos de esta región.
Según algún medio sí. Pero yo no tengo ninguna notificación oficial.
La perpetuación de una partido en el poder, ¿facilita estos casos de corrupción?
La alternancia puede ser un factor que haga aflorar conductas inadecuadas. Pero no siempre es así. Puede que no aflore nada porque no hay nada que tenga que aflorar. La experiencia que tengo es que en el mes siguiente a las elecciones siempre se sacan los trapos sucios de la corporación anterior.
En otras comunidades existen casos de corrupción, sobre todo en ayuntamientos no capitalinos. En Castilla y León, no. ¿Somos más honrados?
No lo sé. Algunas investigaciones se están haciendo en algunas provincias. No es fácil hacer análisis de cosas que no se conocen. Nuestro sistema jurídico no beneficia que puedan salir a la luz conductas como el cohecho, por ejemplo. Fue modificado en el año 95 y se estableció un sistema puente para facilitar su persecución. Pero es muy difícil de acreditar porque es una especie de contrato en que tanto delinque el que ofrece como el que acepta. Si el funcionario corrupto le pide a un empresario un dinero por adjudicarle un obra a lo mejor no le queda más remedio a éste que pagar, aunque no quisiera. En cuanto paga comete el mismo delito. Si denuncia, recibe las mismas consecuencias penales. No tenemos un sistema suficientemente ágil para proteger la integridad de la función pública y no perseguir al empresario que denuncia estos hechos. En el caso del cohecho, nuestro sistema jurídico no es el mejor para facilitar su persecución.
Comentaba que hay investigaciones en marcha.
En Valladolid, en diversos aspectos. El caso Arroyo de la Encomienda, el asunto del plan general de urbanismo de Valladolid. Son asuntos complejos y en los que hay una instrucción judicial abierta.
Al iniciar su mandato prometió disciplina inmobiliaria. ¿Ha tenido que trabajar mucho en este aspecto?
Estamos en ello. El fiscal de medio ambiente y urbanismo quizás es el que más trabajo tenga. El Código Penal del 95 introdujo la figura de construcciones ilegales y de prevaricaciones urbanísticas. Y ambas dan mucho que hacer.
En el caso de construcciones que son declaradas ilegales, muy pocas veces se derriba. ¿Por qué?
Es cierto. En materia de delitos de construcciones ilegales es difícil llevar los asuntos adelante. No es frecuente la demolición, no.
Los fiscales quieren asumir la instrucción de los casos, en detrimento de los jueces instructores. ¿En qué beneficiaría esto al proceso y, por ende, al ciudadano?
Daría mayor agilidad al proceso. Sería necesario limitar la participación de las acusaciones particulares y populares en el procedimiento. Proporcionaría mayores garantías al proceso. ¿Por qué? En la actualidad el juez instructor es una especie de Juan Palomo. Yo instruyo y yo decido si aquello en lo que yo he trabajado es suficiente para sentar a una persona en el banquillo. Es un sistema perverso porque el mismo que lo hace es el que valora su trabajo. Faltan garantías. Es más perfecto que un fiscal realice la investigación y un juez decida si es suficiente para llevar a una persona a juicio. En los procedimientos con sumarios largos la labor la hace un juez distinto del que instruye, pero es el mismo que el que luego resuelve el asunto, que es la Audiencia. En el sistema italiano, un fiscal instruye y el juez decide si el trabajo de instrucción está bien hecho, si afecta derechos fundamentales -una conversación telefónica, un registro domiciliario, etc-, y finalmente es el que establece que haya juicio o no. Luego otro juez es el que dirige el juicio en caso de que se abra la causa.
Hablando de conversaciones telefónicas. ¿Qué le parece la decisión de Garzón de pinchar los teléfonos de los encarcelados de la trama Gürtel en conversaciones con sus abogados?
Las noticias que tengo es que no interfería en el derecho de defensa. Las conversaciones en sede penitenciaria se pueden afectar por hechos de terrorismo y en algunos supuestos excepcionales también. Pero lo que se investigaba en este caso es si el abogado actuaba como cómplice del delito para poner a buen recaudo el dinero obtenido a través de la actuación delictiva. Y eso es perfectamente legítimo. El Colegio de Abogados de Madrid ha interpuesto una querella contra el juez y habrá que decidir.
Asumió el cargo con el propósito de endurecer las penas contra las imprudencias de tráfico. Poco después el Código Penal facilitó las cosas convirtiendo en delito actos que solo eran faltas. ¿Hay menos siniestros por el endurecimiento de las penas?
En materia de tráfico existía una inercia que venía de años de considerar que lo fundamental era indemnizar a las víctimas, y para ello se postergaba la respuesta penal. Esto ha ido cambiando Hay que asegurar una respuesta judicial ágil y severa en los supuestos que lo merece. Y creo que se están consiguiendo. ¿Hacen falta más fiscales? Siempre vendrán bien, aunque los que somos estamos haciendo bien las cosas.
Sobre Medio Ambiente, en particular los incendios. Más de la mitad son provocados y otro 40% se deben a negligencias del hombre. Pero muy pocas personas son encarceladas. ¿Qué sucede?
Es muy difícil. La prueba de la autoría es muy difícil y si tenemos pruebas para acusar a una persona de haber provocado de forma intencionada un incendio no nos tiembla el pulso a la hora de acusar. En muchos casos es imposible. Y aunque en los pueblos sepan quién es el culpable, lo pueden reconocer en una conversación privada, pero un proceso judicial no hablan. Y sin pruebas o testimonios no se puede actuar.
Sobre Violencia de Género, la Ley que aprobó este Gobierno de especial protección a las mujeres maltratadas, no ha provocado un descenso de los asesinatos.
Desgraciadamente sí. Espero que la tendencia sea a la baja. Se ha producido un fenómeno extraño. La creación de un juzgado nuevo no reduce el número de asuntos. Al revés, aumenta. Si un juzgado tiene 500 asuntos, al crearse un segundo la lógica dice que deberían tocar a 250. Pues no, aumenta.
¿Anima a denunciar?
Anima a la gente, a los abogados. No sé. Hace 10 ó 12 años recuerdo que la Policía trataba estos asuntos como un asunto menor. Lo que antes era una simple riña, ahora es un delito. Se trabaja mucho y muy bien, pero el número de asuntos aumenta, desgraciadamente. La respuesta penal, que en otros ámbitos, como el del tráfico, ha tenido efectos inmediatos, en esta materia no. Es un tema de educación, generacional. Afecta a todas las edades y todos los tipos sociales.
Hay un caso que mantiene en vilo a la sociedad burgalesa. El triple crimen de la calle Jesús María Ordoño. Ni un detenido hasta que lo fue el hijo mayor de la familia, que después tuvo que ser puesto libertad. ¿Qué se ha hecho mal en la investigación?
A veces es imposible tener pruebas suficientes para acusar con garantías de éxito al autor de unos hechos...
Se deduce por sus palabras que tienen claro quién cometió el crimen.
No, no. En mis años de profesión no es el primer asunto de homicidio o asesinato en que la Policía lo considera esclarecido desde su punto de vista y termina en una absolución en los tribunales o una no acusación y por tanto no llega a vista a oral. La Policía hizo un buen trabajo. Con esta investigación trabajan los dos fiscales de menores, que son dos grandes profesionales, pero se están agotando las vías de investigación y las perspectivas no son buenas para ejercer una acción penal.
Sobre el caso Laura Domingo, ¿se ha producido algún avance?
Todavía no se ha cerrado el caso. Aquí han pasado muchos más años. Parecía que había una vía de investigación interesante para seguir con el procedimiento. Se trabajó muy intensamente en esa línea hace dos años, pero no se llegó a nada en concreto. Aquí la acusación particular ha pedido una serie de actuaciones pero no soy muy optimista sobre que haya un juicio. Son sensaciones que ojalá no se confirme.
La Fiscalía detectó en Burgos el riesgo de actuación de bandas antifascistas. ¿Están controladas?
Se está realizando una labor de control con la Comisaría de Policía. Son organizaciones sin gran estabilidad, episódicas. Pero sí, existe una labor vigilancia sobre ellas.
La familia de Iván Herrero pide más dureza contra quien mató a su hijo. ¿Cuatro años de internamiento en régimen semiabierto es suficiente castigo a alguien, por menor que sea, que ha matado a otra persona?
Las acusación particular y popular es positiva cuando en ocasiones ha suplido la inactividad del fiscal. Las víctimas pueden acudir al proceso penal para pedir justicia, pero lo que piden en muchos casos es un castigo y a veces la venganza. El derecho penal surge para sustituir la venganza de la víctima y para que el Estado asumiera ese papel. Hace unos años se eliminó la acusación particular en los procedimientos a menores y se ha vuelto a introducir. Yo no creo que sea satisfactoria la acusación particular en estos casos. Entiendo que los padres estén insatisfechos con la respuesta del sistema judicial. El autor tiene una sanción insuficiente en su opinión. Pero nuestra obligación como fiscales es valorar adecuadamente los hechos. Y en este caso ha sido una desgracia. El autor, sí, tenía una cierta trayectoria. No había una intención de matar. No podemos entender que alguien quiera matar a otro dándole un solo puñetazo. Si le propina una paliza, le pisotea y le patea, debía haber previsto que pudiera fallecer. Pero de un solo puñetazo, no. Si quieres matar actúas de otra manera.
¿Considera lógico que la Fiscalía pida que se archive el caso del chivatazo del bar Faisán sin ni siquiera saber quién se fue de la lengua?
No conozco el asunto. Por la información que tengo, se ha hecho un trabajo largo de investigación y si la Fiscalía ha decidido su archivo es porque no tenía datos para seguir con el asunto.
¿Hay ahora más motivos para procesar a Otegi que hace tres años, cuando la negociación con ETA estaba abierta?
No lo sé. Es un escenario absolutamente envenenado. Desde el punto de vista político nacionalista ven una persecución de ideas. Pero de otro lado, conocemos que su detención forma parte de una actuación global contra el entramado de ETA.
Al ciudadano le cuesta creer en la independencia de los jueces, pero de los fiscales mucho más, pues el Fiscal jefe es nombrado por el Gobierno de turno. ¿No debería ser el fiscal una institución autónoma?
Ahora no somos independientes, pero tenemos una gran autonomía. El fiscal de Burgos que despecha cientos de asuntos lo hace casi con plena independencia. La institución, desde 2007, ha dado un giro radical en su autonomía. Dependemos del Fiscal General del Estado y nos debemos al principio de dependencia jerárquica. Pero también debemos funcionar con arreglo a los principios de imparcialidad y legalidad. El principio de dependencia no se establece para que unos manden y otros obedezcan sino para garantizar la unidad en la respuesta jurídica, la igualdad de los ciudadanos ante la ley. ¿Cuál ha sido el cambio? Antes de 2007 un Fiscal General del Estado podía durar de un Consejo de Ministros a otro. Ahora su nombramiento es por un plazo determinado y se marcha cuando cambia el Gobierno. Así el Ministerio Fiscal gana en autonomía.    

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