A Caja de Burgos, propietaria de las 150 viviendas de la barriada social de Manuel de la Cuesta, calle Soria y avenida del Norte, no le ha pillado por sorpresa la noticia publicada ayer por este periódico en la que se manifestaba el fenómeno de ocupación masivo más importante de cuantos se han registrado en Burgos. De hecho, afirma Fernando Arias, responsable de Inmuebles de la entidad financiera, «está denunciado tanto a la Policía como a los juzgados».

La propiedad ha pasado dos años trasladando a los inquilinos de renta antigua que ocupaban legalmente estas viviendas a otras de nueva construcción y alquiler protegido. Pero hubo una docena de arrendatarios que no aceptaron el traslado. De ahí que más de un centenar de viviendas quedaran deshabitadas en un lugar muy céntrico que ha sido presa (en más de una treintena de casos) de la ocupación ilegal.

Poco a poco, quienes optaron por quedarse han ido cambiando de idea y actualmente únicamente quedan «tres inquilinos» legales. «Se está negociando con ellos y creemos que antes de que termine el año podremos acordar su traslado a otros pisos. Son casos muy concretos pero que tienen solución y estamos muy cerca de firmarla», continúa Arias.

La Caja ha inspeccionado «todas las semanas» la situación en la que se encuentran los bloques y ha ido denunciando caso por caso la ocupación de las viviendas. «Nosotros hemos tomado todas las medidas que podíamos tomar, pero si la Policía y los tribunales no pueden hacer más... Se tapiaron los accesos y los han vuelto a abrir, hay órdenes de desahucio y después regresan, la Policía les identifica y hasta ahí se puede llegar», admite la propiedad.

Derribo

Más allá de que la ocupación ilegal sea un delito en el que poca responsabilidad tiene la propiedad, salvo que se considere que se ponen facilidades para ello o no se observan las normas de conservación de inmuebles, en la Caja «preocupa que se produzca un incendio o algún accidente con heridos», motivo por el que la entidad confirma que «tan pronto como se vaya el último inquilino», se procederá a «la demolición de toda la manzana y su posterior vallado» para evitar una "reocupación".

Lo que sí parece es que el solar que resulte de la demolición quedará en barbecho durante algún tiempo. Al iniciar la operación de traslado de los inquilinos, la Caja esbozó, incluso llegó a declarar a través de sus altos directivos, la intención de construir VPO en el espacio resultante, que conforme al Plan General de Ordenación Urbana admitiría hasta nueve alturas frente a las cuatro que hay actualmente. Ahora eso ya no está tan claro. «De momento la prioridad es derribarlo y sanear el solar, después ya veremos qué pasa», termina Arias.

A pesar de no ser especialmente antiguos (medio siglo), los pisos en cuestión no cumplen ningún tipo de normativa de accesibilidad (ni siquiera hay ascensores) y no alcanzan el aprovechamiento urbanístico permitido en la zona ni de perfil. De ahí que el planteamiento inicial fuera el de reconstruir VPO en el mismo emplazamiento. Y de ahí también que la mayoría de los inquilinos aceptaran trasladarse a los pisos nuevos de la avenida Cantabria. A quienes no aceptaron entonces hay que buscarles lugar ahora.