«Aquí el problema no es la ocupación sino la desocupación». Así se explicaba uno de los últimos inquilinos que reside en las 150 viviendas que Caja de Burgos tiene en las calles Manuel de la Cuesta, Soria y avenida del Norte. Como es sabido, la entidad ofreció a los arrendatarios, que firmaron en tiempos una renta antigua que les da derecho a permanecer en las viviendas a perpetuidad pagando un alquiler que oscila entre los 40 y los 150 euros, trasladarse a los pisos de alquiler protegido que construyó en avenida Cantabria y glorieta de Bilbao.
Tras unas polémicas negociaciones, la mayoría aceptaron el traslado, pero hubo una decena de arrendatarios que decidieron quedarse, bien porque se habían subrogado a las condiciones de sus padres y preferían quedarse allí, bien porque se trataba de pensionistas que no podían permitirse pagar los 170 euros al mes que aproximadamente pagarían en las viviendas nuevas de avenida Cantabria.
Y así fue como quedaron vacíos unos 140 pisos en el centro de Burgos. Hoy, dos años después de aquellas negociaciones, muchas de esas viviendas (entre 30 y 50 dependiendo de la fuente) continúan estando ocupadas, pero con la excepción de quienes tienen contrato vigente (menos de una decena), de forma ilegal.
Lo curioso del caso es el gran número de pisos que han sido "reutilizados", por un lado, y lo heterogéneo del grupo que conforman las personas que ahora se han convertido en la nueva comunidad. Allí hay familias sin recursos con historias muy duras detrás, jóvenes contrarios a «la especulación brutal» que legitiman en las normas del mercado libre su decisión de ocupar ilegalmente, solteros con trabajo estable, gente de paso... Y conviven.
Tanto conviven que celebran «chocolatadas» con los inquilinos "históricos" que aún quedan allí, tienen una asamblea semanal a modo de reunión de la comunidad en la que toman las decisiones que afectan a todos «por mayoría», y se han ayudado a acometer reformas en el interior de las viviendas porque, dicen, «la Caja ni lo quiere ni lo mantiene».
Parece que habrá salida
La postura de Caja de Burgos con respecto al futuro de estos inmuebles también es conocida. «La decisión de los 12 vecinos (que quedaban allí) está dificultando que la Caja pueda ejecutar hoy más VPO, y recuerdo que para las últimas 138 que sorteamos en la avenida de Cantabria había 8.000 peticiones». Esa fue la respuesta del director general de la entidad, Leoncio García, al ser preguntado por esta cuestión en una entrevista publicada por DB en mayo de 2008.
Por lo que este diario pudo comprobar in situ, parece que esa salida definitiva (cuando no queden inquilinos con contrato es predecible la construcción de VPO en las parcelas que ocupan y, según el PGOU, se admitirían 9 alturas y al menos 300 viviendas) está más cerca. «Quedamos muy pocos, hay gente mayor que no puede aguantar más esta situación y ahora negociamos una solución con la Caja uno por uno», cuentan los que sí tienen contrato.
Con respecto a las palabras «esta situación», los inquilinos legales sostienen que la entidad mantiene desocupadas más de un centenar de viviendas para no acometer reformas y facilitar la "libre" «circulación de personas por los inmuebles como medida de presión», pero curiosamente consideran que la ocupación continua les «viene bien».
«Nos conocemos y así al menos sabemos que esas casas están en condiciones, el problema es cuando entra gente con la intención de causar destrozos, hacer botellón o vete tú a saber qué. Si es ilegal o no a nosotros no nos importa, el problema es de la propiedad», terminan los arrendatarios con los que este periódico pudo hablar.
Aunque no ocultan que no les hace «ni puñetera gracia» ver por allí «a los periodistas», los okupas tampoco tratan de esconder su condición y manejan argumentos que, sean legítimos o no, se compartan o no, son los que tienen. «Aquí hay un montón de viviendas vacías que la Caja quiere tirar y que no son de particulares que las vayan a utilizar después. Esto lo van a tirar mientras hay personas y familias que no tienen un sitio donde vivir. Es una vergüenza que lo tengan así con la necesidad que hay». Advertidos de que la ocupación ilegal es un delito, la respuesta es un escueto: «Bueno, a nosotros también nos parecen un delito otras cosas».