El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy viajó ayer al Valle de Tobalina para conocer de primera mano las inquietudes de la cúpula directiva de la central nuclear de Santa María de Garoña y Nuclenor, con su presidente Javier Pinedo a la cabeza, el comité de empresa y los alcaldes del entorno de la planta. A todos ellos les trasmitió de forma personal el mensaje que querían escuchar y que ya había hecho público meses atrás, su defensa a ultranza y su compromiso con la continuidad de Garoña y de todas las centrales nucleares «siempre que el Consejo de Seguridad Nuclear lo considere oportuno». No obstante, Rajoy fue más lejos y aseguró que «lo primero que vamos a pedir al Gobierno al negociar el Pacto Nacional de la Energía es que no se cierre Garoña en contra de todos y por una decisión absolutamente caprichosa».

El líder de la oposición decía esto después de explicar que el presidente del Gobierno, Rodríguez Zapatero, «ha convocado a los partidos para alcanzar un Pacto Energético de Estado, porque tenemos una gran dependencia energética del exterior, compromisos con el gas y el carbón y la situación de la política energética en el país es que no existe».

«Con el PP en el Gobierno, Garoña no se va a cerrar», dijo Mariano Rajoy, quien aludió a la pérdida de puestos de trabajo que propiciará el cierre en medio de una fuerte crisis económica y a que este escenario «plantea un futuro incierto para la comarca, porque no hay un plan y el plan más serio es mantener en funcionamiento Garoña». Además de las consecuencias directas que el cierre de Garoña tendrá en su entorno geográfico, Rajoy también aseguró que esta decisión del Gobierno costará a las arcas del Estado un total de 1.600 millones de euros, que se destinarán a otras fuentes de energía y a la compra de gas, con el consiguiente aumento de la dependencia energética exterior y el encarecimiento del precio de la electricidad. A ello añadió, que detener la actividad de la planta nuclear burgalesa significará la emisión de 36 millones de toneladas de CO2.

El discurso del Gobierno defiende que el cierre de Garoña se suplirá con energías renovables, en su mayor parte, pero desde las filas del PP defienden que estas energías limpias siempre deben contar con otras alternativas, porque su generación de electricidad no se mantiene 24 horas al día durante 365 días al año, como sucede con las eléctricas de ciclo combinado, las nucleares o las térmicas.

Mariano Rajoy, quien insistió en que «no hay razones de seguridad, ni económicas, ni medioambientales para cerrar Garoña», reiteró que «se cierra porque el presidente del Gobierno lo ha decidido porque sí», convirtiéndose en «una de las decisiones más sorprendentes tomadas por los presidentes de Gobierno de los últimos años».

EL PSOE Y LA SEGURIDAD. Desde las filas socialistas, la portavoz del PSOE en el Senado, Carmela Silva, replicó ayer a Mariano Rajoy acusándole de no decir «la verdad» sobre la central nuclear de Garoña: que es una infraestructura «que ya no es segura», en contra de lo que mantiene el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que produce un 50% más de residuos que otras centrales, que es la más antigua del país y que el empleo en la zona «está garantizado» una vez que sea clausurada. En el Senado, Silva defendió que ésta es la realidad de Garoña y censuró la visita del líder del PP, porque busca «sembrar cizaña y confrontación política».

Asimismo, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, manifestó ayer que «España, dado que cuenta con una capacidad de producción eléctrica que supera ampliamente las puntas de demanda, puede permitirse ahora cerrar la central de Garoña sin poder en peligro la seguridad del suministro o los precios eléctricos». Marín respondió así al diputado del PP, Guillermo Mariscal, que le pidió que calculara el impacto económico y social que conllevará el cierre de Garoña. A ello añadió que «para cuantificar el impacto del cierre habría que valorar muchos aspectos», entre los que destacó el efecto positivo del plan diseñado para reactivar económicamente la comarca y que en 2010 contará con 25 millones de euros.