El Gobierno no descarta la posibilidad de cerrar la central nuclear de Garoña. Así de claro lo indicó ayer Pedro Marín, secretario de Estado de Energía, a pesar de que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se muestra a favor de ampliar en diez años su licencia de funcionamiento si cumple determinadas condiciones.

En este sentido, «el ministro ya dijo la semana pasada que no hay nada cerrado ni nada que se haya descartado todavía y cualquier posibilidad está abierta», aseguró Marín en declaraciones a la prensa posteriores a su participación en una convención sobre energía eólica.

El secretario explicó que el informe del CSN entró en el Ministerio de Industria el pasado viernes a última hora por lo que fue ayer mismo cuando empezaron a estudiarlo y aseguró que lo analizarán con detalle. De igual manera, apuntó que la adopción de una decisión definitiva requerirá «algo de tiempo» porque se trata de un «asunto muy importante en el que influyen multitud de factores de distinto tipo».

Marín recordó que el Gobierno dispone de un mes para tomar una decisión. Al ser positivo, el informe del CSN no es vinculante para el Ejecutivo, que podría decretar el cierre de Garoña.

La decisión final sobre el futuro de la central burgalesa será adoptada por el ministro de Industria, Miguel Sebastián que, dada la relevancia del asunto, podría elevarla al Consejo de Ministros, aunque no está obligado a hacerlo.

Mismo valor

Por su parte, el secretario federal de Medio Ambiente del PSOE, Hugo Morán, precisó que el informe del CSN «tiene el mismo valor que otros informes relativos a aspectos medioambientales, sociales o económicos». Así, recordó el «contrato con los electores» de su grupo político cuando en el programa electoral se comprometió al cierre de todas las centrales nucleares al término de su vida útil.

Asimismo, indicó que si sólo se tuviera que tener en cuenta el informe del CSN la orden correspondería únicamente a dicho organismo, pero, en este caso, la última palabra es del Gobierno. «Lo lógico es que sea una decisión colegiada» y «espero que el Ejecutivo «valore y pondere todos los datos que tiene sobre la mesa y tome una decisión».

Además, Morán considera que el análisis del organismo regulador insiste en que la planta burgalesa requiere de inversiones en materia de seguridad, «luego entiende que en la actualidad no se cumplen todos los requisitos» por lo que sin esas actuaciones la central no sería segura durante 10 años más.