El Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Burgos, sumándose a una iniciativa de estas instituciones a nivel nacional, envió el martes una carta al presidente del Gobierno, en la que expresa su «rechazo profundo» y pide la paralización de la reforma de los estudios de ingeniería, que califica de «regresiva» por reforzar la postura de los sectores profesionales y universitarios más «inmovilistas».

Es más, el Colegio considera una «estafa social» la obligación de cursar un máster para obtener las atribuciones profesionales de la ingeniería lo que, a su entender, supondrá un costo económico «inaceptable y superfluo», ya que con un título de grado adecuadamente diseñado es posible formar al ingeniero en toda su plenitud, reservando los másteres para la especialización, apunta.

Dentro de la reforma de estudios universitarios enmarcada en la declaración de Bolonia, los ingenieros abogan también por la supresión de los dos niveles jerárquicos en la ingeniería española y piden un único título de grado en la rama de la ingeniería industrial, de formación generalista, «que permita al ingeniero su integración en el mundo profesional con plenas competencias y atribuciones y que posibilite su especialización posterior en función de sus necesidades e interés, aspectos éstos que pueden ser adecuadamente cubiertos por los máster».

Respuesta

La carta, enviada desde todas la ciudades de España, tuvo respuesta ayer desde el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, que recuerda que este modelo de enseñanzas cuenta con la aprobación del Consejo de Universidades y del Consejo de Ministros del 26 de diciembre, habiéndose celebrado el trámite preceptivo de audiencia a los colegios.

El escrito asegura que la ordenación de las Enseñanzas Técnicas «se ha ajustado a la regulación profesional actual, en la que el Ingeniero Técnico es un especialista y el Ingeniero es generalista». La reforma propuesta considera los estudios que conducen a la profesión de ingeniero como máster y de los que conducen a la de ingeniero técnico como grado, ordenación «respetuosa con el status quo», según el Gobierno.