Local

20/03/2008

El Consistorio anulará las mejoras laborales firmadas hace 16 meses

Acuerdo inviable. El equipo de Aparicio afirma ahora que el acuerdo marco que aprobó en 2006 para la plantilla municipal es «insostenible»

El conflicto entre los trabajadores y el equipo de Gobierno llegó a su máxima tensión el pasado 21 de diciembre, durante la recepción navideña.

Luis López Araico

Belén Delgado

«No hay otro camino posible». Con estas clarificadoras palabras resume la actual concejala de Personal del Ayuntamiento de Burgos, Gema Conde, la decisión que ha tomado el equipo de Gobierno de anular el acuerdo de condiciones comunes para los trabajadores municipales. Este polémico documento, que firmó el alcalde en noviembre de 2006, ha generado desde entonces tantos problemas y conflictos que el grupo popular ha optado finalmente por dejar a la plantilla sin las ventajas pactadas en materia de permisos y ayudas.
Conscientes de que esa ‘marcha atrás’ será una medida polémica, y que sin duda provocará el rechazo de los empleados municipales, los ediles del grupo popular se han mostrado dispuestos a asumir las ‘batallas’ que conlleve ya que la alternativa -mantener en vigor el acuerdo- acarrearía mucho más desgaste en el futuro. Tanto desde el plano judicial como el político por los frentes de negociación que se abrirían en los diferentes servicios.
Por ello, y tras analizar las distintas opciones, el equipo de Aparicio ha decidido declarar la nulidad de pleno derecho del acuerdo marco de condiciones comunes, invalidación que tendrá efectos desde el día en que el documento entró en vigor. La decisión ha sido tomada en base a un informe de la Jefa del Servicio de Personal del Ayuntamiento y otro informe del área de Intervención, ambos ratificados por la Secretaría General.

en qué se basa. Los argumentos que han llevado a esta derogación son cuatro. Así, según los servicios jurídicos, el acuerdo marco «se aprobó prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido». De hecho, su firma acarreó la asunción por parte del Ayuntamiento de compromisos económicos de envergadura sin que su aprobación estuviera precedida de un estudio económico-financiero, de la preceptiva fiscalización de Intervención y de consignación presupuestaria. En el acuerdo se incluyeron ayudas sociales, la reducción de la jornada de trabajo a 35 horas, nuevos permisos y licencias o el incremento de los anticipos sin redactar un informe que pusiera cifras a esos compromisos y sin reflejarlos en los presupuestos. «La omisión de estos trámites esenciales comporta su nulidad radical», señalan ahora desde el área de Personal.
En segundo lugar, el equipo de Gobierno considera que la ejecución del acuerdo marco es inviable porque al equiparar los derechos y obligaciones de los funcionarios y laborales «se incurre en una monumental confusión de regímenes jurídicos» a la hora de regular los conceptos retributivos, situaciones administrativas y régimen disciplinario. En este sentido, Gema Conde explica que las condiciones de trabajo no se pueden articular de forma unitaria porque funcionarios y laborales tienen caminos de negociación distintos y sin la permeabilidad suficiente. El grado de autonomía de la negociación colectiva de los funcionarios, por ejemplo, es más limitado que el recorrido de los laborales.
A esto, y en tercer lugar, se suma que la Ley de la Función Pública impide que una administración local pacte condiciones distintas de las establecidas en esa normativa, algo que sí se ha hecho en el acuerdo de condiciones comunes en materia de vacaciones, permisos y licencias de los empleados.
Por último, el documento aprobado en noviembre de 2006 mantiene conceptos retributivos carentes de cobertura legal, como la ayuda de vacaciones o complemento por quebranto de moneda.
La próxima semana el equipo de Gobierno se reunirá con los representantes de los trabajadores del Ayuntamiento para comunicarles su decisión de plantear la nulidad del acuerdo laboral y su intención de iniciar la negociación de un nuevo acuerdo ajustado a la normativa vigente. Desde las filas populares recuerdan que, a la vista de que la interpretación de las dos partes es antagónica, la vía del consenso pasa por una vuelta a empezar y por un documento que contente a ambos.
De forma paralela, el Consistorio dará los pasos necesarios desde el punto de vista administrativo para derogar el documento de 2006 y que pasan por la conclusión de los informes jurídicos y por la remisión del expediente al Consejo Consultivo de Castilla y León para su dictamen, trámite que es preceptivo. En el supuesto de que este último sea favorable, el acuerdo se llevará al Pleno del Ayuntamiento para su anulación.    

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