Hasta ahora, solo los funcionarios habían ofrecido cifras exactas de las consecuencias de la huelga que mantienen desde el 4 de febrero. Sus datos no solo se confirman en el informe realizado por los secretarios judiciales, sino que dibujan una situación prácticamente insostenible, con más de 1.500 juicios aplazados y 7.000 demandas y asuntos penales paralizados en la provincia de Burgos, además de un número «incalculable» de actos pendientes de comunicar.

El Ministerio de Justicia elaborará con ese estudio un plan de refuerzo para paliar el retraso. Según las fuentes consultadas por este periódico se calcula que podrán recuperar cada mes un 10% de la tarea retrasada, por lo que no volverán a la normalidad relativa (algunos órganos nunca han estado al día) hasta 2009.

El seguimiento del paro se ha mantenido desde el primer día en unos porcentajes elevadísimos, por encima del 90%, según los datos facilitados por los sindicatos CCOO, UGT, CSI-CSIF y STAJ tras descontar a los trabajadores designados para realizar los servicios mínimos. Un rápido vistazo al informe viene a corroborar ese apoyo, salvo las de los Juzgados número 2 de Aranda de Duero y Villarcayo, y el de Briviesca.

En la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con sede en Burgos tampoco se ha suspendido ninguna vista, aunque sí acumula trámites. En la primera instancia de esta jurisdicción se aprecia un número más elevado de vistas celebradas, debido a que muchas de ellas afectan a despidos y otros enfrentamientos laborales considerados como servicios mínimos, la misma consideración tienen las causas con preso. A los asuntos penales y causas pendientes de incoar en cada juzgado deben sumarse todas las demandas y denuncias apiladas en el Decanato de Burgos, que no ha turnado ninguna.

El informe fue remitido el pasado jueves por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León al Ministerio de Justicia, por lo que hoy el panorama no ha hecho sino empeorar. «El ciudadano ve que no se expide su mandamiento de devolución de un dinero que es suyo, comprueba que no se tramita la autorización necesaria a un menor o incapacitado para actos de inminente urgencia y tiene que soportar impotente que el inquilino moroso siga ocupando la casa de su propiedad porque se han suspendido los lanzamientos», detalla en un comunicado el Consejo de Colegios de Abogados de Castilla y León.

El de Procuradores apunta además que soportan «doblemente las consecuencias de este paro, como primeros destinatarios de las quejas y el malestar de los justiciables y por el indudable perjuicio económico» que sufre su «única fuente de ingresos», concluyen.

Manifestación regional en Burgos

La séptima semana de huelga en la Administración de Justicia incluye como novedad la celebración de una manifestación en Burgos, a la que también han sido invitados compañeros de toda Castilla y León y de La Rioja.

Los trabajadores han sido citados a las 12 de esta mañana en el nuevo edificio de juzgados, para continuar por la avenida de los Reyes Católicos hasta la Plaza España y después torcer por la calle San Lesmes. De ahí bajarán hacia la plaza del Cid por la calle Vitoria y girarán a la avenida del Arlanzón hasta el puente de Gasset, donde retornarán a la calle Vitoria para concentrarse ante la sede de la Subdelegación del Gobierno y terminar alrededor de las 13.30 horas.

Después de 31 días de huelga, el seguimiento ha descendido mínimamente con 14 trabajadores voluntarios en la capital (de una plantilla de 297) y 41 en toda la provincia (con 373 empleados públicos).