Sin noticias del Ministerio y con otros 73 juicios suspendidos ayer en toda la provincia, 48 en la capital. Los funcionarios de la Administración de Justicia de las comunidades no transferidas, entre ellas Castilla y León, se adentran en su sexta semana de huelga indefinida con la esperanza de que «la cordura impere» y pese a la provisionalidad del Gobierno, sus representantes busquen una solución a un problema que puede considerarse ya «urgente». Mientras el paro mantiene un alto seguimiento en Burgos, por encima del 90% según los sindicatos, la plantilla estudia nuevas medidas de presión.

Desde ahora, a la ya habitual concentración frente a la sede de la Subdelegación del Gobierno (antiguo Banco de España) se une otra ante la sede provisional del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en la calle San Juan, cuyo presidente ha mostrado en varias ocasiones su apoyo a la reivindicación salarial de los trabajadores, 200 euros mensuales para equipararse a los compañeros de las regiones que gestionan la Justicia.