El fin de la campaña electoral y la victoria socialista no han cambiado nada en los juzgados de Burgos. Los ciudadanos necesitados de un trámite en el Registro Civil volvían a llenar ayer el recibidor del edificio de Reyes Católicos en una ordenada fila, desde primera hora de la mañana, y la mayoría de los funcionarios no acudían a trabajar por sexta semana consecutiva. Desde el pasado 4 de febrero, más de 1.000 denuncias se amontonan en el Decanato, según cifras facilitados por los sindicatos CCOO, UGT, STAJ y CSI-CSIF.

Según explican, las causas penales se registran pero no se turnan al juzgado de guardia correspondiente, al no ser presentadas por el Decanato para su reparto. Tampoco se ha realizado ninguno de los trámites necesarios para dar curso a las más de 900 demandas (asuntos civiles) presentados. A estos datos se añaden los juicios suspendidos, 33 ayer, que se acercan a los 1.500 solo en la provincia de Burgos; y las vistas no señaladas (la agenda de señalamientos está prácticamente vacía).

Tras 26 días de paro consecutivos, la respuesta de los trabajadores sigue prácticamente como el primer día, según sus representantes. Tras descontar los servicios mínimos, un 30% de la plantilla, los porcentajes están en un 95% para la capital (15 personas acudieron a trabajar voluntariamente) y el 89% en la provincia (41).

Fuentes sindicales respondieron a la nota emitida por Justicia el viernes, en la que se acusaba a la plataforma de mantener unas «inflexibles exigencias» tanto en la petición salarial -200 euros mensuales- como en la de no descontar los días de paro. «Tenemos asumido que los días de huelga se deben deducir. Lo que pretende el sr. Ministro es que recuperemos el trabajo acumulado durante la huelga gratis y sin importarle el tiempo que tardemos en ponernos al día», responden para añadir que no han obtenido respuesta a sus contrapropuestas.