Ser Patrimonio de la Humanidad tiene muchas ventajas, como la de erigirse en un reclamo turístico de primer orden. Acarrea, además, consecuencias inmediatas: la protección del elemento declarado es máxima. Sin embargo, tiene algún inconveniente para las administraciones: el efecto de todo lo anterior complica determinados intereses. Algo parecido puede ocurrir con la calle de San Lesmes. El Ayuntamiento de Burgos quiere actuar en esta arteria, que es atravesada por la ruta jacobea. Su intención es la de peatonalizarla en buena parte, para lo que baraja dos opciones. Una de ellas pasaría por desmontar el puente para reubircarlo en otra zona del ríoVena, así como alterar el cauce de éste unos metros, a fin de poder alejar lo máximo posible el tráfico rodado de la iglesia de San Lesmes.
Con la legislación que afecta al Patrimonio en general y al Camino de Santiago en particular, esta opción quedaría de inmediato anulada. La declaración de la ruta jacobea como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1993 trajo consigo una normativa de obligado cumplimiento. En uno de sus puntos principales, el expediente dice lo siguiente: «El Camino de Santiago queda constituido con los terrenos que ocupe y sus elementos funcionales y el ancho que conserve cada tramo. La delimitación del perímetro de protección se establece, en tanto no se desarrolle por el respectivo planeamiento comarcal o local, en un ancho mínimo de treinta metros a cada lado del Camino desde el borde exterior del mismo. Este perímetro se amplía en el caso de los núcleos urbanos y en los enclaves de fragilidad ambiental. Este perímetro abarca básicamente los cascos antiguos de los núcleos y los elementos que por su interés histórico, cultural y paisajístico definen dichos enclaves...».
Cuando un bien se declara Patrimonio de la Humanidad «es porque se considera que tiene unos valores de autenticidad e integridad, de carácter excepcional e internacional. El Camino de Santiago a su paso por Burgos no nos pertenece. Aunque la Junta de Castilla y León es la máxima autoridad patrimonial, aquí es superada, porque es un bien que no sólo es de nuestro territorio, y tiene la obligación de informar a la Unesco de las pretensiones de cualquier administración de actuar en zona protegida», explica Begoña Bernal, profesora de Patrimonio Urbano de la Universidad de Burgos.
Pero no sólo la declaración del Camino deja a las claras este aspecto, sino que tanto la ley estatal (del año 1985) como la regional (del año 2002) y que no puede ser contraria a la primera, son precisas al respecto: los Bienes Inmuebles declarados Bien de Interés Cultural no se podrá proceder a su desplazamiento o remoción salvo que resulte imprescindible por causa de fuerza mayor.
En este sentido, el Comité de Patrimonio Mundial obliga a las administraciones competentes a informar a través de la Secretaría de sus propósitos de iniciar o autorizar de una zona protegida por la Convención obras de restauración considerables o nuevas edificaciones que pudieran modificar el valor universal del bien. En tal caso, la notificación tiene que producirse lo antes posible, por ejemplo, antes de la redacción de los documentos básicos de proyectos específicos y antes de que se tomen decisiones difícilmente reversibles, a fin de que el comité pueda participar en la búsqueda de soluciones adecuadas para garantizar la plena conservación del valor universal y excepcional del bien. Si no lo ha hecho el Ayuntamiento de Burgos, sí deberá hacerlo la Junta cuando el asunto sea llevado a la Comisión Territorial de Patrimonio.
Modificar el PECH. Para realizar una actuación de estas características tendría que llevarse a cabo, según los expertos en patrimonio, una modificación del Plan Especial del Centro Histórico, con todo lo que acarrea en lo referente a pasos y plazos: periodo de información pública, alegaciones... «Hemos constatado que desde que existen planes especiales para conservar los cascos históricos, las intervenciones que se realizan no intentan sino esconder las situaciones de transformación de la ciudad para que no nos demos cuenta.Tal vez lo mejor sea quitar la protección de los cascos históricos para que las ciudades no tengan que ocultar los designios de su propia metamorfosis. Está claro que la ciudad es transformación y crecimiento, pero según las necesidades de la población. Hay maneras de actuar que no pretenden conservar, sino destruir», asegura Bernal.
La profesora de la UBU cree que en el caso de San Lesmes sólo están hablando los técnicos y los políticos, «cuando el interés de un bien declarado Patrimonio de la Humanidad es de carácter histórico y esencial para comprender la evolución de las sociedades y de las civilizaciones que nos han precedido. Si eliminamos esos hitos, estaremos robando a las generaciones futuras el derecho al saber, al conocimiento y la información, que no sólo está en los libros y en los archivos», concluye.