Tras una larga y plácida reunión en el ámbito del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), las comunidades autónomas acordaron ayer con el Gobierno un compromiso de austeridad para reducir su déficit público hasta el límite del tres por ciento en el año 2013 y, además, cumplir a rajatabla con los objetivos de estabilidad presupuestaria. Así lo anunció con indisimulada satisfacción la ministra de Economía, Elena Salgado, que habló al término de la cita de un «acuerdo global» fruto del voto positivo de las regiones gobernadas por el PSOE y la abstención de los territorios populares.

«Ha sido una reunión positiva, y tengo que decir que las intervenciones del PP han sido de un acuerdo total con el Gobierno», recalcó la socialista antes de aclarar que la postura neutra de la formación de Mariano Rajoy se produjo «pese a estar de acuerdo con los objetivos de estabilidad, por lo que -añadió- no se entiende muy bien su abstención».

En la reunión del CPFF también se aprobó, en esta ocasión con el voto en contra del principal partido de la oposición, la creación de un grupo de trabajo cuya misión será «diseñar propuestas» concretas para hacer efectiva la reducción del gasto.

El plan gestado ayer para limar el déficit y la consiguiente deuda que acumulan las administraciones insta a aprobar en el plazo de tres meses un itinerario de «racionalización de las estructuras de los respectivos sectores públicos, administrativos y empresariales para mejorar la eficiencia y reducir el gasto público», igual, explicó la vicepresidenta segunda, que lo hará la Administración Central.

Tan rimbombante formulación debería llevar aparejada la supresión, refundición o reestructuración de organismos innecesarios.

De la misma forma, se pide a las comunidades que apliquen una política de contención de gastos de personal «desde una senda de austeridad en materia de retribuciones, una estrategia restrictiva en la configuración de la oferta de empleo público y una política de racionalización de los recursos humanos». Todas las actuaciones en este ámbito deberán instrumentarse a través del «oportuno y necesario» proceso de diálogo social.

Asimismo, las regiones deberán remitir al CPFF un informe trimestral -similar al ya previsto para el Estado-, en el que se analizará el cumplimiento de los plazos para el pago de las facturas que las autonomías deban a empresas.

En la cumbre se acordaron además los planes de reequilibrio de nueve comunidades, que, sumados a los de País Vasco y Navarra, que se aprobarán en breve, deberían suponer una reducción del gasto de 1.975 millones de euros.

No obstante, por más que Salgado presumiera de unanimidad, lo cierto es que la realidad política es muy diferente, tal y como se encargó de dejar claro el consejero de Economía de Madrid, Antonio Beteta, que puntualizó que, aunque las regiones gobernadas por el PP coincidieron con el Gobierno en la «filosofía de la austeridad» presupuestaria y el control del gasto, se abstuvieron a la hora de votar el plan presentado al considerarlo «propaganda y humo».

«Las autonomías estamos dispuestas a arrimar el hombro para reducir el gasto, pero no a mandar mensajes equivocados a la opinión pública», afirmó a continuación el popular para justificar el voto negativo de los conservadores a la creación de un grupo de trabajo que elaborará planes de racionalización y eficiencia del gasto. «La sociedad no quiere comisiones, quiere soluciones», apostilló el compañero de Rajoy.