El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, conserva su buen olfato para detectar las batallas perdidas y ayer volvió a aplicar la sabia filosofía de convertir la necesidad en virtud al asegurar ayer que no tiene «inconveniente» en ponerse a disposición del Congreso si la Diputación Permanente decide el próximo día 20 que debe comparecer en un Pleno extraordinario para dar cuenta a la Cámara de la polémica en torno a la financiación autonómica.
Después de que el PSOE haya fracasado en sus denodados intentos por evitar que el presidente se exponga en una sesión parlamentaria que se prevé sumamente incómoda, el líder de los socialistas aprovechó la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para hacerse el natural y, pese a que Ferraz no ha logrado el apoyo de ningún otro grupo parlamentario, explicar que, tras todo el debate suscitado en torno a la financiación autonómica, ha extraído la conclusión principal de que el Gobierno «tenía razón» cuando proclamaba la necesidad de que abordar el modelo de financiación.
«Todo el mundo hoy ya asume que hay que cambiar el sistema», señaló el leonés antes de recordar que, en la pasada legislatura, «éste fue un gran debate» promovido por la oposición del PP y los Gobiernos de Madrid y la Valencia.
Además de ese primer corolario, Zapatero destacó que la propuesta presentada por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, «supone la mejora de la financiación de todas las regiones» y, por tanto, constituye «un buen punto de partida» para la discusión. Por último, el inquilino de Moncloa consideró que, pese a que existen «posiciones diferentes, siempre se ha conseguido acuerdo» como, vaticinó, también se logrará ahora.
A continuación, Zapatero, tras asegurar que «el Gobierno cumple el Estatut», se definió como «un buen conocedor» de la normativa catalana y matizó que el texto «establecía que, en dos años, debía haber un acuerdo» sobre financiación, no que «en dicho plazo el Gobierno debía aprobar» un modelo nuevo. «Cuando hay un acuerdo intervienen dos voluntades» y, por tanto, la responsabilidad de que todavía no haya entendimiento con la Generalitat «no es achacable en exclusiva al Ejecutivo», aseveró el socialista, antes de reiterar que, al presentar su propuesta de financiación, «el Gobierno ha cumplido» su parte del compromiso.
no habrá trato de favor. En la misma línea, resaltó que el acuerdo, «en este caso, depende de dos partes y de 17, porque el cambio del sistema tiene una parte bilateral y otra multilateral». Tras intentar calmar así los miedos de aquellos que temen verse agraviados por un favoritismo hacia Cataluña, Zapatero explicó que su Gobierno ha cumplido sobradamente con la región mediterránea mediante el traspaso de competencias y, más importante, aún, con fuertes inversiones en infraestructuras.
«Estoy convencido de que, aunque nos llevará trabajo y tiempo, todas las comunidades van a mejorar la financiación», sentenció Zapatero, antes de añadir que el Estado se va a reservar una parte de los recursos, «que no será inferior al 50 por ciento», para «cumplir con los estatutos, asegurar la política social y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos».
El último esfuerzo del leonés fue para intentar desvincular las cuentas públicas de 2009 de las de las regiones. «Los Presupuestos son una ley de un año, y la financiación será para muchos; son planos diferentes», concluyó.
«La "Generalitat" busca otro tipo de Estado». El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, advirtió ayer que de desde la Generalitat de Cataluña no se pretende un nuevo sistema de financiación, sino «un nuevo modelo de Estado» por la «vía de los hechos» y sin reformar la Constitución. Según el socialista, ello es así porque en otro caso no se introducirían en el debate «términos» como «los posibles apoyos o no a los Presupuestos Generales» por parte del PSC. A juicio del socialista, «cualquiera que haya escuchado con cierto detenimiento estos días» al consejero Castells y al presidente Montilla «no sabrá muy bien lo que se está planteando, porque se han mezclado conceptos», tales como el «desafecto o el afecto hacia España», el «concepto de españolidad» y los apoyos a las cuentas públicas. Respecto a los «chantajes» del PSC, el extremeño explicó que sus compañeros deberían haber planteado tales condiciones «antes de las elecciones generales», para que el resto del partido hubiera podido decidir «si tales requisitos eran asumibles o no».