El ex portavoz de Batasuna Arnaldo Otegi.
Para demostrar una vez más la incongruencia de los argumentos de los proetarras, siempre prestos a dinamitar el Estado, pero dispuestos también sin el más mínimo rubor a acogerse a las garantías procesales y jurídicas cada vez que les conviene, el ex portavoz de la ilegalizada Batasuna Arnaldo Otegi explicó ayer al diario Gara, tradicional altavoz del entorno de la banda terrorista vasca que la Constitución española le ampara, y a ella tiene intención de acogerse, para emprender acciones legales que persigan la que él considera ilegal difusión de una carta suya enviada desde prisión en la que cuestiona a los duros de ETA que no aceptan «la renuncia de la violencia».
Según detallaba ayer el rotativo de la Comunidad norteña, la abogada de Otegi, la también proetarra Jone Goiricelaia, el que fuera durante años la cara más visible del abertzalismo más radical, ha anunciado su firme intención de «estudiar la interposición de las acciones penales correspondientes por violación del derecho a la intimidad y del secreto postal».
Tal denuncia estaría amparada en el hecho de que la mencionada misiva de Otegi habría sido enviada en noviembre desde la cárcel a otro preso etarra, lo que, supuestamente la dotaría de la protección correspondiente a toda correspondencia privada. No obstante, pese a su carácter supuestamente íntimo y particular, el escrito salió publicado de manera íntegra en el también vasco diario Deia y el resto de publicaciones del Grupo Noticias.
En el texto, Otegi defiende, sin condenar en ningún momento los atentados, la estrategia política perfilada el pasado noviembre en la denominada Declaración de Alsasua, y afirma que quien se resiste a dejar la violencia, «o no está en sus cabales, o trabaja para el enemigo». La misiva deja entrever asimismo «las dificultades» del otrora jefe de Batasuna para entender las posturas de «los sectores más ortodoxos que siguen apostando por la doble vía político-militar para avanzar en los objetivos de la autodeterminación y la libertad de Euskal Herria».
disensiones en la cárcel. Además, quiere dejar constancia de «la importante brecha abierta» en ese mundo, «dentro y fuera de las cárceles», de modo que la rama decididamente partidaria de seguir asesinando «se está encontrando con serias reticencias a sus planteamientos, también en el denominado frente de makos, en el que el Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK) tiene un peso preponderante».
En la misma línea, Otegi apunta que se ha topado con el «glorioso colectivo» -en referencia al citado EPPK-, y muestra su disgusto con pegadas de carteles «y cosas de esas» realizadas por los presos contrarios a sus tesis.
Sin entrar a comentar tales teorías de su cliente, Goiricelaia aseguró que una cosa es que Otegi mantenga sus comunicaciones intervenidas por orden judicial a raíz de los numerosos procesos por exaltación del terrorismo en los que está inmerso, y otra bien distinta, e inadmisible según su punto de vista, que éstas puedan ser difundidas o filtradas a los medios de comunicación.
A juicio de la letrada, el secreto postal y, en concreto, la prohibición de «injerencias arbitrarias» en la correspondencia, está recogida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La jurista abertzale añadió que en la Constitución española también «se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial».
También se refirió a la carta la vicepresidenta De la Vega para reiterar que solo hay un camino para la paz que «es el fin de ETA» y que, en democracia, «no cabe ni un mínimo espacio para la impunidad»
La dirigente socialista quiso por último dejar claro que el Gobierno «no comenta las opiniones de los presos vinculados al terrorismo», e insistió en que «las únicas vías de la democracia son el Estado de Derecho y la convivencia en paz y libertad».