El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Los enemigos de Baltasar Garzón, que no son pocos, han conseguido sembrar de sospechas la figura del mediático juez. Una victoria decisiva la lograron ayer cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió estudiar el escrito en el que dos abogados solicitan la apertura de un expediente disciplinario y la suspensión del magistrado de la Audiencia Nacional tras salir a la luz determinada documentación que evidenciaría que el togado contactó con el Banco Santander para la financiación de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que, a su regreso a España, archivó una denuncia contra esta entidad. Ambos letrados le acusan de una falta muy grave de inobservancia del deber de abstención.
La Comisión Permanente del Poder Judicial acordó remitir la denuncia a su órgano disciplinario, que a su vez lo envío al Servicio de Inspección, que dispone de un mes de plazo para proponer el archivo de este asunto, la apertura de una investigación o bien solicitar directamente la incoación de un expediente disciplinario contra el magistrado. Los abogados José Luis Mazón y Antonio Panea ejercen la acusación en una querella presentada por estos hechos ante el Supremo.
Los letrados basan su petición ante el CGPJ en la documentación remitida al alto tribunal por parte del Santander relativa a los contactos celebrados entre Garzón, el presidente del banco, Emilio Botín, y otros altos directivos de la entidad para la obtención de los fondos que precisaba para la organización de los cursos en el Centro Rey Juan Carlos I la Universidad de Nueva York, que los denunciantes fijan en 302.000 euros.
Garzón habría incurrido en una falta muy grave prevista en el artículo 417,8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial por inobservancia del deber de abstención ya que, a su vuelta a España tras el permiso de estudios en EEUU, archivó una querella contra directivos del Santander por la presunta apropiación de 750.000 millones de pesetas derivados de créditos recuperados de Banesto a través de la sociedad SCI Gestión.
Este comportamiento cuando menos sospechoso podría haberse cometido tanto por «amistad manifiesta» con el sujeto contra el que se dirigía la querella, Emilio Botín, como por interés directo en el pleito. De prosperar una investigación disciplinaria en este sentido, la sanción contra Garzón podría ir desde la suspensión entre un mes y tres años (a partir de seis meses perdería su plaza en la Audiencia Nacional), hasta la expulsión de la carrera judicial, pasando por el traslado forzoso.
En el escrito entregado al CGPJ los querellantes recuerdan que el propio Garzón -cuya presunta responsabilidad disciplinaria por este asunto ha sido anteriormente investigada y archivada por el Consejo- negó en este procedimiento anterior guardar ninguna relación de amistad con el Santander y sus directivos.