europa press/ madrid

Los portavoces parlamentarios del PSOE, José Antonio Alonso, y del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, mostraron ayer su rechazo a la propuesta del presidente del Instituto de Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, fundador de Mango, para que los funcionarios que se vayan incorporando a la Administración tengan una «estabilidad laboral similar» a la de los trabajadores de la empresa privada, que pueden ser despedidos.

En opinión de ambos políticos, esta posibilidad no cabe en la función pública, dada que la estabilidad laboral de los empleados es necesaria para garantizar su «independencia» en el desempeño de una «importantísima tarea» al servicio del interés general. Asimismo, coincidieron en recalcar que esta medida afectaría a un colectivo muy amplio en el que también se incluyen jueces y profesionales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, que deben mantener un «nivel de inmovilidad» para el desempeño de su labor. Los dos parlamentarios son funcionarios, ya que Alonso es juez en excedencia y Sáenz de Santamaría es abogada del Estado.

«¿Ustedes se imaginan a magistrados, policías o guardias civiles elegidos, contratados y despedidos con criterios políticos?», señaló Sáenz de Santamaría al ser preguntada por la propuesta del también presidente de Mango, tras afirmar que la «independencia va ligada a la permanencia» en el sector público y una empresa privada se rige por criterios «diferentes» en materia de neutralidad.

En cualquier caso, la dirigente popular remarcó que estaba a favor de «reordenar» el sector público para evitar duplicidades administrativas y la «inflación de cargos elegidos a dedo», y defendió los criterios de igualdad de oportunidades, valoración de los méritos en el acceso e independencia de ejercicio en el sector.

20 millones de euros. Sáenz de Santamaría señaló que el PP presentó una enmienda a los Presupuestos del Estado para 2011 en la que rescata su propuesta -rechazada hace unas semanas por el Pleno de la Cámara- para reducir en un 50% el número de empleados eventuales en la Administración, lo que supondría despedir a 437 trabajadores a cambio de un ahorro de 20 millones de euros.

Por su parte, José Antonio Alonso insistió en que la estructura de la función pública en España se remite al siglo XIX y para permitir la «importantísima labor» que desempeñan los funcionarios deben mantener el «nivel de inmovilidad» actual.