El Consejo de Administración de Caja de Burgos aprobó ayer con 16 votos a favor y uno en contra su integración en el Grupo Banca Cívica, un Sistema Institucional de Protección (SIP), así como la firma de un contrato con Caja Navarra y Cajacanarias para su constitución. Además, los órganos de dirección de Caja de Ávila y Caja Segovia acordaron iniciar el estudio y análisis necesario para sumarse a este proyecto.
El acuerdo alcanzado por la entidad burgalesa se elevará ahora a la Asamblea General para su refrendo el próximo 27 de marzo, aunque para su aprobación definitiva será necesario contar con el voto favorable de dos tercios de los asistentes a la misma. El presidente de Caja de Burgos, José María Arribas, explicó que dicho acuerdo «pone fin a muchos meses de incertidumbre» y destacó que permite a su entidad convertirse en una de las cajas fundadoras de Banca Cívica.
El presidente de la entidad afirmó que la decisión del Consejo permitirá adaptar la caja a un nuevo mercado financiero y hará de Caja de Burgos una entidad más sólida «sin perder un ápice del arraigo local o regional». Arribas destacó que la entidad podrá entrar en una nueva etapa y mejorar su posición en el mercado internacional. «La sociedad burgalesa y la de Castilla y León salen ganando con este acuerdo», dijo.
Sin unanimidad. La primera en informar del acuerdo adoptado por el Consejo fue Caja Segovia. El acuerdo no obtuvo la unanimidad de sus 17 consejeros en una votación con carácter secreto que se celebró mediante urna a petición de uno de los miembros del Consejo, lo que reveló que había diferencia de criterios entre los consejeros. La votación tuvo lugar después de que se presentara el modelo de un Sistema Institucional de Protección (SIP). También decidió suscribir un acuerdo de confidencialidad y exclusividad con las otras entidades, así como «iniciar negociaciones sobre su contenido y redacción final».
Asimismo, el Consejo consideró «conveniente analizar dicho proyecto para, una vez estudiado, poder hacer la valoración correspondiente». Sin embargo, puntualizó en el comunicado que dicho acuerdo «no determina posición previa alguna» pero permitirá a los órganos de gobierno de la entidad «recabar la información necesaria» para la adopción de decisiones futuras en cuanto a su posición «en los procesos de fortalecimiento del sistema financiero». Tras la reunión, se proseguirá con nuevos encuentros que deberán determinar el peso que cada entidad pueda tener en la futura entidad que forme Banca Cívica. De estos porcentajes no se habló en el Consejo de Administración, ya que será preciso revisar la documentación que se intercambien las distintas "entidades socias" que forman el SIP. Es posible que esa documentación, en la que figura la situación económica y financiera de cada una, se quede en manos de los técnicos y ni siquiera puedan revisarla los consejeros, ya que se trata de una integración y no una fusión.
Para todo ello los técnicos formarán grupos de trabajo en los que se definirán los términos para avanzar en la creación de este nuevo órgano en el que estarán integradas las tres cajas de Castilla y León, así como las de Navarra y de las Islas Canarias.
Negociar. Por último, el Consejo de Administración de Caja de Ávila, aprobó por unanimidad «profundizar en el conocimiento y negociación del proyecto de Banca Cívica».
La entidad informó de que su Consejo de Administración dio luz verde, por unanimidad, al inicio del estudio del proyecto de Banca Cívica, del que ya forman parte Caja Navarra y Caja Canarias. También avanzó que lo valorará «bajo criterios de igualdad» con respecto a otras opciones.
En este sentido, el Consejo de Administración faculta al presidente de Caja de Ávila, Agustín González, y al director general, José Manuel Espinosa, «para suscribir el oportuno protocolo de intenciones» con el fin de valorar, «después de las correspondientes negociaciones y bajo criterios de igualdad, la adopción de futuras decisiones en cuanto a la posición de la entidad en los procesos de fortalecimiento del sistema financiero».