La Junta de Castilla y León y el Gobierno central sellaron ayer el primer gran acuerdo en España que prevé la conversión del excedente de 30.000 viviendas libres en protegidas, que es la cifra que reúne los requisitos para poder convertirse en VPO y que numerosas familias de la Comunidad puedan acceder a su compra, aspecto que destacaron la titular del Ministro de Vivienda, Beatriz Corredor, y el presidente del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera.
El acuerdo fue definido como «ejemplar» por todas las partes, debido al consenso alcanzado entre dos administraciones de distinto color, junto con asociaciones e instituciones del ámbito inmobiliario: «Cuando todos, incluidas administraciones públicas, trabajamos juntos, nuestras medidas son mucho más eficaces en beneficio de los ciudadanos a quienes nos debemos. Este acuerdo es un buen ejemplo y abre el camino. Estamos demostrando que sí es posible el consenso. Es un camino en el que merece la pena profundizar», aseguró la ministra, un extremo en el que coincidió con Herrera.
La situación de crisis que afecta a la economía y en concreto al sector inmobiliario ha motivado la celebración de este acuerdo, para compensar el descenso de la demanda en la compra de vivienda nueva y que lleva a un importante número de inmuebles, alrededor de 40.000 en la Comunidad -de las que 30.000 son susceptibles de convertirse en VPO- a estar sin habitar.
Desde el punto de vista social, más de 30.000 familias podrían acceder a una vivienda y, desde el panorama económico, esta situación de inmovilización provoca que más de 5.250 millones de euros permanezcan inmovilizados. Por otra parte, en referencia al empleo, los firmantes consideran que es complicado reactivar un sector como el de la edificación promoviendo obra nueva, en tanto no se movilice el amplio excedente existente.
Asimismo, recordar que se trata de un convenio que se encuadra en el marco del Diálogo Social, cuyos integrantes decidieron establecer el 13 de julio de 2009 los criterios para la conversión de este "stock".
Por ello, en la firma de ayer, que acogió el Centro Miguel Delibes, estaban presentes, además del consejero de Fomento, Antonio Silván; el presidente de la FRMP, Miguel Ángel García Nieto; el de la Confederación Castellano y Leonesa de la Construcción, Emiliano Alonso; los presidentes de Caja España y Caja Duero, Santos Llamas y Julio Fermoso, respectivamente, así como directivos de Banco Santander, La Caixa y el BBVA, responsables del Colegio de Notarios, del Decanato de Registradores y el Colegio de Gestores Administrativos de Castilla y León.