Los miembros del Pleno del Consejo Regional se reunieron ayer en Briviesca con motivo del centenario de la entidad cameral de esta ciudad.
Las catorce Cámaras de Comercio e Industria de Castilla y León han dado un paso más en el debate energético nacional. Sus presidentes acordaron ayer proponer al Gobierno central, a través del Consejo Superior nacional, aprovechar la prórroga de diez años de Santa María de Garoña para construir una nueva central en las inmediaciones de la actual, en el Valle de Tobalina. La futura instalación estaría construida con técnicas de cuarta generación y llegaría a producir 1.600 megavatios, cuatro veces más que la existente.
El Pleno del Consejo Regional, reunido ayer en Briviesca, considera viable el proyecto al existir en la zona proveedores y personal humano totalmente cualificado para asumir este tipo de retos, cuya experiencia está avalada en Garoña. Además, estiman que se trataría del mejor plan alternativo para la comarca, «puesto que las reconversiones son muy difíciles»; permitiría a España ser más independiente en términos energéticos y no depender tanto de otros países; y posibilitaría seguir trabajando en la línea de competitividad que genera la alta tecnología de la industria nuclear, sin pasar por alto la repercusión que tendría en la creación de empleo en un momento de crisis económica.
«Estamos viendo que la energía nuclear, guste o no, es cada día más necesaria para que España pueda mantener su posición económica. Por todo ello se podría aprovechar la ocasión de la prórroga y las características que tiene Garoña para construir una nueva central de cuarta generación pilotada por la actual empresa, con las garantías que ha demostrado», explicó el presidente de la Cámara de Burgos, Antonio Méndez Pozo.
Para Nuclenor, empresa que gestiona Santa María de Garoña, este tipo de proyectos requieren «consenso político y estabilidad jurídica». «Recientemente se ha puesto en marcha una subcomisión parlamentaria para analizar y estudiar prospectivas energéticas a largo plazo, 2030 ó 2040. Todo esto requiere tiempo», precisó su director general, Martín Regaño. Asimismo, añadió que el sector eléctrico considera una buena combinación un tercio de energía nuclear, otro de renovables y el resto de combustibles fósiles.
Convencidos de 10 años
La construcción de Santa María de Garoña II, cuya actividad coincidiría con el fin de la actual, parte del convencimiento de las Cámaras de que el Gobierno central prorrogará la licencia de la actual por diez años. En este sentido, no entenderían la paralización de la actividad, por lo que solicitan al Ejecutivo de Zapatero que «actúe con responsabilidad» y le recuerdan los «compromisos que en su día asumió de favorecer la competitividad de las empresas españolas y fijarse como objetivo alcanzar el pleno empleo».
Por todo ello, Méndez Pozo precisó que el presidente del Gobierno lo tiene fácil a la hora de posicionarse sobre el futuro de la instalación nuclear: «La continuidad de la central supondría seguir con la producción de energía, el mantenimiento de los puestos de trabajo y de la riqueza en la comarca. Y no cabe duda de que con el informe del Consejo, la vida útil de la central es hasta 2019».
El presidente del Consejo Regional, Manuel Vidal, respasó la repercusión socioeconómica de la instalación del Valle de Tobalina, con más de un millar de empleos directos o indirectos y un impacto económico de 35 millones de euros solo en la comarca que aumenta a 75 en toda la comunidad. Datos que también recordó el director de Nuclenor, quien calificó de «hecho significativo» y «piedra angular» el dictamen conocido el pasado día 5 de junio y mostró la predisposición de la empresa, participada por Iberdrola y Endesa, para «realizar los proyectos que tienen que ver con los requisitos que nos ha pedido el CSN».
«Si no hay razones técnicas ni económicas, lo sensato es mantener la operatividad de la planta con toda la responsabilidad, la actividad económica en la provincia de Burgos y el efecto que tiene en el empleo. Tenemos la esperanza de que la decisión del Gobierno sea positiva», subrayó Regaño. Sobre la reciente petición de nuevos informes al CSN por parte del Ministerio de Industria, el responsable de Nuclenor significó que la «decisión aún no está tomada» y remarcó que la empresa «no contempla una prórroga intermedia» de dos, cuatro o seis años, los ‘nuevos escenarios’ que ha planteado el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, sino poder operar diez años más e incluso renovarlos.