El PP ha concluido que el hecho de que el contrato global del HUBU (obra, equipamiento, reposiciones y la prestación de los 14 servicios no asistenciales externalizados) se haya incrementado un 37% con respecto a lo previsto en un principio «entra dentro de lo razonable».

Así lo afirmó ayer el procurador Ángel Ibáñez, quien hizo un resumen del documento que presentarán hoy en las Cortes de Castilla y León, después de años de investigación en una comisión  constituida en el otoño de 2015 para dirimir si se habían producido sobrecostes en la obra y analizar el modelo de gestión escogido para Burgos, de colaboración público-privada.

En este último aspecto es el único en el que el planteamiento del PPha cambiado a lo largo de estos años, ya que siguen defiendo que «el modelo no es bueno ni malo en sí mismo, depende de cómo se gestione», pero sí admiten que a la Junta podría interesarle rescatar el equipamiento . «No nos negamos a esa posibilidad, pero no por motivos ideológicos, sino de gestión», dijo Ibáñez, aludiendo de forma indirecta al hecho de que la concesionaria recurre en los Tribunales cada inversión solicitada por Sacyl. Y eso que el contrato incluye una tasa de reposición de equipamiento durante toda la concesión.

En lo relativo a posibles sobrecostes en el importe de la obra, el documento final de los populares no introduce sorpresas con respecto a sus argumentos previos:«No ha habido irregularidades y no ha habido sobrecostes, sino más inversión. No se ha pagado más por lo mismo». Ibáñez recordó que el proyecto comenzó a diseñarse en 2003, pero el complejo se inauguró en junio de 2012. Un tiempo en el que «surgen nuevas necesidades», señaló, antes de especificar que «la superficie total de la obra se ha incrementado en un 33,5%, la inversión en ejecución de obra un 30% y la inversión en equipamiento un 120% con respecto al proyecto original». En este punto insistió en que buena parte del aumento se produjo por «recomendación insistente» de los servicios médicos.

Así, remachó que si hubo más superficie, inversión y más equipamiento, «y si todo se ha hecho por el interés general, no parece descabellado que el aumento total del contrato se haya cifrado en este 37%, entra dentro de lo razonable».

La oposición también presentará hoy sus conclusiones -en un documento conjunto- pero para que haya debate en el pleno de las Cortes, todos tienen que elevar unas conclusiones comunes.