El exdiputado del PP por Segovia, Jesús Merino Delgado (Hontalbilla, 1954), que renunció a su escaño en 2010, habla en esta entrevista sobre el Caso Gürtel y su condena a tres años y siete meses de cárcel por cohecho, blanqueo de capitales y falsedad continuada en documento mercantil, que recurrirá ante el Tribunal Supremo. Quien también fue procurador regional, vicepresidente de la Junta de Castilla y León con el entonces presidente Juan José Lucas y consejero de Fomento, abogado de profesión, insiste en argumentar que, desde que surgió su vinculación con el caso, comunicó a la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, y al presidente Mariano Rajoy su disposición a renunciar, pero el partido no consideró entonces oportuno aceptarlo, hasta el momento en que abandonó su cargo de senador el extesorero Luis Bárcenas, condenado a 33 años de cárcel en el mismo sumario. 

¿Qué valoración hace de la sentencia de la conocida como trama Gürtel que le condena a usted a tres años y siete meses de cárcel?

Es una sentencia claramente política y claramente desproporcionada, lógicamente, como no es firme, en lo que a mí respecta recurriré al Tribunal Supremo porque tengo la conciencia tranquila y quiero llegar hasta el final.

Pero estamos hablando del caso de corrupción política más importante de la historia democrática española, que comienza en la época del presidente José María Aznar y luego se traslada a Valencia...

El caso de corrupción más importante de España desde el punto de vista de la importancia de los cargos políticos y de los dineros públicos afectados es el de los ERES, del PSOE. El ‘Caso Gürtel’, que afecta al PP, como es en Madrid, puede ser más importante mediáticamente, el otro se está tapando, cada día. Pero dos presidentes [andaluces] del PSOE, que han sido ministros [Manuel Chaves y José Antonio Griñán], no es igual que un caso con un tesorero y varios alcaldes. Por otro lado, más de 700 millones de euros de los trabajadores de Andalucía no es lo mismo que el caso Gürtel, es infinitamente menor. 

Hemos escuchado a muchos dirigentes populares decir que no había corrupción sino que se trataba de una trama contra el PP ¿qué piensa de ello?

Cada cual tendrá su opinión, está claro que fue [anterior], en la época de la presidencia de José María Aznar al frente del PP.

Una de las cuestiones que han planteado las defensa es la elevada cuantía de las penas impuestas, ¿también ha sido su caso?

En lo que a mí respecta sí porque los hechos que se me imputan, que no he cometido, y los tres años son absolutamente excesivos, lógicamente recurriré la sentencia, son unas penas que no se atienen a la realidad. La exageración en las penas te lleva a comparaciones. Por ejemplo, mi condena es similar a la del promotor de la fiesta de Halloween en el pabellón Madrid Arena [Miguel Ángel Flores], en la que cinco chicas de entre 17 y 20 años murieron aplastadas por una avalancha humana provocada por el exceso de aforo en el recinto, que le impusieron cuatro años de cárcel. Obviamente esa es una comparación por lo bajo, pero si vemos las más altas, hay condenas de 53 años, por ejemplo la de Francisco Correa, que son tres años más que dictaron contra el etarra ‘Txapote’ [García Gaztelu], como autor del secuestro y de la muerte de Miguel Ángel Blanco, que le impusieron 50 años. Un juez de Madrid me dijo, el otro día, tras conocer esta sentencia, que en España los delitos de sangre, de género o los sexuales son más baratos penalmente que los económicos. 

La sentencia cuenta con un voto particular donde reconoce que su caso debería haber sido archivado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque se admite la condena por haber llegado a juicio y «haberse contado con una prueba», que ha conducido a un pronunciamiento de condena, según el texto. 

Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la causa se produjo una indefensión clarísima con respecto a mí ya que, en ese momento, pasó a la Audiencia Nacional por los recursos que emprendió la acusación y, sin tener en cuenta el procedimiento adecuado, la reabrió. Lo que dice este voto particular es que nunca se debió reabrir, sino archivar y mantener el archivo, es una cuestión que deja clara hasta qué punto ha sido un procedimiento y una instrucción un tanto dudosa. Eso lo voy a alegar en el Tribunal Supremo y, por supuesto, algunas dudas habrá habido por parte de la Sala cuando me han rebajado la pena que pedía la Fiscalía. Tengo argumentos suficientes y así lo vamos a hacer alegando todas estas cuestiones y otras más. 

Cuando dejó el acta de diputado argumentó que había presentado la renuncia en varias ocasiones, pero afirmó que el partido no lo consideró oportuno aceptarlo. 

Siempre he mantenido que, en el momento en que tienes un procedimiento judicial en marcha, por muy al inicio que sea, soy partidario de renunciar, pasar a la defensa judicial y no perjudicar al partido. Eso quise hacer pero, en aquel momento, tanto el presidente Mariano Rajoy, como la portavoz del Grupo Popular, Soraya Sáenz de Santamaría, consideraron más oportuno que no dimitiera sino que esperase, lo que hice en contra de mi voluntad, disciplinadamente, pero dimití cuando iba a hacerlo Luis Bárcenas y algún cargo más, aunque mi intención fue irme cuanto antes para no perjudicar al partido al que perteneces y tratar de defender tu inocencia. Nunca he entendido eso de empecinarse en mantenerse en los cargos, entre otras cosas, porque tampoco he dependido de los cargos políticos en mi vida profesional y, en este caso concreto, no podía ser de otra manera.

El día que anunció la renuncia al escaño, el 20 de abril de 2010, acompañado del entonces presidente Francisco Vázquez, dijo que había superado el 53% de los votos en las elecciones al Congreso, el más votado en la historia de democracia en la provincia, pero el actual secretario autonómico del PP ha declarado que «Merino no tiene nada que ver con Segovia», ¿qué opinión la merece esta afirmación? 

Vázquez se debe referir a que, desde hace ya diez años, no tengo nada que ver con la política de Segovia ni con su partido y a que estos temas por los que he sido condenado no tienen nada que ver con Segovia ni con Castilla y León, por más que intenten vincularlo. De la Junta salí hace 20 años y el Tribunal Superior de Justicia ya dijo que archivaba la causa en todos los temas que se me imputaban, de algunas de las cuestiones que salen en el procedimiento, como adjudicaciones y cobro de comisiones, incluso decretó archivo respecto a uno de los consejeros imputados. Son cuestiones relacionadas con mi actividad profesional, vinculadas con unas empresas y una campaña electoral cuando yo estaba en Génova [sede nacional del PP, como secretario ejecutivo de Política Autonómica y miembro del comité ejecutivo nacional (2000-2003]. Este caso se ha aprovechado siempre para hacer descalificaciones personales, para insultar, como he visto en algún medio, pero esto es una cuestión que contrasta con el cariño que he recibido estos días con numerosos mensajes de apoyo de mucha gente de la provincia. Cuando me marché pedí disculpas a todos los segovianos que se hubieran sentido defraudados o disgustados con esta situación y quiero aprovechar para reiterarlo, creo que es absolutamente lógico, pedir perdón a todos aquellos que confiaron en su día en mí, de alguna manera u otra, y les haya podido defraudar. 

¿El cariño ha venido de algunos excompañeros de su partido o de otras formaciones políticas?

El cariño me ha llegado curiosamente de gente del PP y del PSOE y, mayormente, de gente de la calle sin adscripción política. 

Pero la condena viene porque, según la sentencia, recibió 317.810 euros en supuestas comisiones a cambio de adjudicaciones en Castilla y León, de cuyo Gobierno fue vicepresidente y consejero de Fomento.

Si ese dinero lo hubiese recibido por las contrataciones de Castilla y León sería una grave contradicción con lo que sentenció el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad, cuando archivó esos mismos hechos. Y, por otro lado, también el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que atendió esos mismos hechos. Si fuera cierto, me hubieran condenado a bastantes años más y, no solo por los 13.000 euros que dice la sentencia. La cifra de 317.810 euros se basaba en los informes policiales, que no se han llegado a probar porque no eran ciertos y dos tribunales superiores así lo archivaron.

El secretario general del PSOE Castilla y León , Luis Tudanca, dice que con su condena queda claro que Castilla y León estaba en el epicentro del mapa de la corrupción.

Antes de hablar tanto, el señor Tudanca debería leerse la sentencia y mirar en su propia casa, porque teniendo una sentencia pendiente en el caso de los ERES, otra en el caso de las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid y otros juicios pendientes de Cajas de ahorro, donde están implicados altos dirigentes de su partido, debiera pensarse mejor eso de descalificar a los demás. Insisto en que los hechos por los que se me condena no tienen nada que ver con Castilla y León y la sentencia, además, no es firme, descalificándome e insultándome no va a sacar más votos en la región. 

Tras la publicación de la sentencia, hay peticiones de convocatoria de elecciones incluso el PSOE ha presentado una moción de censura ¿cómo ve este momento político?

Lo que menos necesita España con la cuestión de Cataluña es una moción de censura, es más inestabilidad, más desasosiego y no saber qué va a pasar, prueba de ello es que, el viernes, el IBEX 35 bajó 2 puntos y la deuda ha registrado una subida importante... es decir, crea inestabilidad, o se resuelve rápido o llegarán meses de mucha inseguridad en todos los ámbitos si prospera la moción de censura y, al final, no se convocan elecciones pronto. 

¿Hay que echar la culpa de esa inestabilidad al candidato a presidente en la moción de censura o a los hechos sentenciados que ponen en una situación muy difícil al Gobierno de Mariano Rajoy?

Todo este tipo de casos hacen daño a los partidos, pero el PP no ha sido condenado penalmente y, por otro lado, todas las personas condenadas no tienen relación con el PP, hace muchos años. Es igual que el caso de los ERES, los presidentes socialistas ya no están en el partido, ¿si les condenan y, en ese momento el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez [porque gane la moción de censura] va a tener que dimitir?. 

Sin embargo, en la sentencia se cuestiona la «credibilidad» del presidente Mariano Rajoy, como testigo, entre otros, mientras los magistrados recalcan que las pruebas sobre la caja b son tan «contundentes» sus testimonios no parecen lo «suficiente verosímil» para rebatirlas. 

Tal vez porque, en aquella época, no conocía a fondo cómo estaba la contabilidad del partido. 

¿Cuáles van a ser sus pasos jurídicos ahora?

Ahora, formalizar el recurso ante el Tribunal Supremo, entre próximos 25 o 30 días, y esperar a que lo estudie que calculo que tardará algo más de un año. Mientras tanto, tengo que seguir trabajando en la actividad profesional, en el despacho de abogados, y continuar en el día a día como he hecho estos últimos diez años en que no he estado en la actividad política. 

Se celebró la vistilla para ver quién ingresaba en prisión de entre los condenados con las penas más altas ¿le impresiona llegar a este extremo de ir a la cárcel?

Me sorprende y tengo una sensación desagradable por la desigualdad de trato con otros casos. Es llamativo obligar a ir a la vistilla a quien ha estado en cargos del PP y no hacerlo con gente que tiene más de cuatro años de cárcel. También es llamativo, como estamos habituados a ver en la práctica forense, que se les llame a todos ellos y no solo a los abogados. Normalmente, en estos casos, se cita a los abogados, para comunicarles las medidas que se van a adoptar pero no se hace un paseíllo para que, nuevamente, algunos vuelvan a atacar al partido... Se ha tratado con desigualdad, según los casos. En el caso Urdangarín o el ‘Gürtell Valencia’, se pidió el ingreso para quienes tenían más de ocho o diez años de condena. Creo que ha habido una desigualdad de trato importante. Los delitos por los que he sido condenado no llegan a dos años cada uno y la ley lo que establece en esos casos no hay privación de libertad.