Además de las penas de cárcel e inhabilitación que el fiscal solicita para el doctor, el Ministerio Público le reclama una indemnización de 108.000 euros para la familia de la mujer que falleció por la supuesta mala praxis y de 15.000 por el daño moral causado en el caso del anciano que sobrevivió, aunque acabó muriendo en una residencia un mes después de recibir el alta.