El Boletín Oficial del Estado publicó el 29 de diciembre el decreto de revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Nadie se esperaba una de ellas, la disposición adicional quinta, que obliga a la inclusión en el régimen de la Seguridad Social de las personas que realicen prácticas formativas externas en empresas, instituciones o entidades. El mundo universitario, a través de la Conferencia de Rectores (CRUE), no tardó en reaccionar mostrando su preocupación porque no se le hubiera tenido en cuenta y por el coste que acarrearía la medida, de momento pospuesta hasta el curso 2019/20.
La Universidad ya ha realizado esos cálculos y cifra en 306.235 euros la cuantía de las cotizaciones de las prácticas no remuneradas o bonificadas al 100%. Para llegar a este dato, el Vicerrectorado de Empleabilidad ha tomando como referencia el número total de convenios firmados el curso pasado, que asciende a 2.233 y suman 7.726 meses de formación, de los cuales 5.382 no fueron retribuidos y, por tanto, sus titulares no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Con la nueva medida, cada mes deberá pagarse 56,9 euros por alumno, según la aportación prevista por el Gobierno para este tipo de contratos durante 2019.
En torno a 1.800 alumnos se formaron en empresas, instituciones o entidades el pasado ejercicio académico. La proporción entre los que recibieron una retribución y los que no se inclinó hacia estos últimos en un 55%, frente al 45% de los primeros. Además, en el caso de las prácticas curriculares, las que son obligatorias en planes de estudios de carreras como las sanitarias o las de educación, el alta en el sistema general está bonificado al 100% si los becarios cobran por ellas. En cuanto al resto, los convenios que se firman incluyen solo los datos personales, las competencias que tiene que realizar el becario, la duración de la formación (entre tres y seis meses) y si se cuenta con bolsa de empleo.
La nueva regulación ya no hace excepciones y se deberá de cotizar por todas ellas, ya sean remuneradas o no. Una de las principales dudas que se han planteado en los últimos días pasa por quién iba asumir ese coste. Al respecto, el responsable de este Vicerrectorado, José Luis Peña, asegura que la disposición es clara y serán los empleadores (empresas, instituciones o entidades) los que tendrán que asumirlo, salvo que exista un acuerdo al respecto entre las distintas partes. Así, la UBU tendrá que sufragar las cuotas de sus becarios, algo que «deberá contemplarse en los presupuestos» de este ejercicio.
Esto ha hecho que la Conferencia de Rectores alerte de una posible disminución del número de empresas que oferten formación a las universidades. En este sentido, Peña no se muestra preocupado dada la «excelente» colaboración que hay entre la Universidad de Burgos y el tejido empresarial. «Muy pocas empresas o ninguna pondrá problemas», subraya, si bien reconoce que puede que cause algún trastorno a pymes pequeñas o autónomos por los gastos de gestión que se puedan ocasionar.
El responsable académico pide «prudencia», ya que hay un plazo de tres meses para desarrollar la nueva reglamentación. De hecho, el pasado miércoles tuvo lugar la primera reunión sobre este asunto entre la CRUE y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, en la que el Gobierno aclaró que las instituciones docentes no iban a soportar costes añadidos, tal y como alertaron en un primer momentos los rectores nacionales.
La entrada en vigor de esta nueva normativa no se llevará a cabo hasta el próximo curso. La postura de la UBU, tal y como reconoció recientemente el rector, Manuel Pérez Mateos, pasa por que las cuotas estén exentas de liquidación para que no supongan un coste a ninguna de las partes pero beneficie a los alumnos al estar incluidos en el sistema. En cualquier caso, el vicerrector de Empleabilidad de la UBU, considera que el hecho de que «un estudiante esté dentro del régimen de la Seguridad Social es una medida de interés porque supone, además de una regularización, una generación de posibles de prestaciones futuras a las que tendrá derecho».
El decreto no solo afecta al sistema universitario, sino también a la FormaciónProfesional, estudios en los que 2.732 alumnos realizarán prácticas este curso, según los datos facilitados por la Dirección Provincial de Educación. Su responsable, Juan Carlos Rodríguez Santillana, se muestra más tajante y rechaza la decisión porque «podría llevarnos a que muchas empresas suspendieran su compromiso de prácticas y, por ello, los estudiantes de segundo no podrían titular», concluye.