El Gobierno decidió ayer en el Consejo de Ministros ampliar el período de contratación de los alquileres de tres a cinco años, hasta siete en el caso de que el arrendador sea una persona jurídica, aunque no prevé introducir medidas para intervenir los precios del mercado, algo que había acordado con Unidos Podemos en su acuerdo presupuestario. La decisión se da en un intento de rebajar la burbuja inmobiliaria en España, especialmente en las grandes ciudades con la proliferación de los llamados apartamentos turísticos.

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, expuso las líneas generales de este acuerdo para favorecer el «alquiler asequible» como un modo de «hacer frente al incremento de los precios». Así, se amplía el plazo de prórroga obligatoria de los contratos de arrendamiento de vivienda, aumentando el tiempo legal mínimo en el que el inquilino puede permanecer en el domicilio.

También se limitan las garantías adicionales a la fianza, hasta un máximo de dos mensualidades, salvo que se trate de contratos de larga duración. De esta forma, «se limita la carga económica que en ocasiones genera la firma de un nuevo contrato, a través de un aval o depósito bancario que se suma a la cuantía de la fianza».

Se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato correrán a cargo del arrendador, cuando este sea persona jurídica, salvo aquellos en los que se haya incurrido por iniciativa directa del arrendatario, y se aclara la remisión de los contratos de alquiler turístico de vivienda a la normativa sectorial turística que resulte aplicable.