La Justicia tiene siempre la última palabra a la hora de privar de libertad a una persona, sea un condenado a prisión o un enfermo mental o con problemas cognoscitivos que requiere del internamiento en un psiquiátrico o en una residencia geriátrica, respectivamente. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 es el competente en las incapacidades. Cada año se superan los 300 casos.