Las diferencias entre Telefónica, el principal operador de telecomunicaciones, y el Ayuntamiento de Burgos han convertido a la ciudad en la capital de provincia con el menor porcentaje en el despliegue de fibra óptica (internet de alta capacidad) de todo el país. Así lo reconocen y lamentan en la compañía, donde admiten que la extensión de la red apenas roza el 50% del área urbana mientras, según detallan con un ejemplo cercano, en la práctica totalidad de las provincias de Castilla y León (en Ávila tienen algún problema) se roza el 100%.
Los planes de Telefónica, que contaba con haber desplegado hace ya más de un año la fibra óptica en el 92% de la ciudad, se han visto frustrados por la diferencia de criterios que existe entre los técnicos municipales y los de la multinacional acerca de cómo se tiene que realizar el despliegue.
El problema, que viene ya de largo (de la anterior legislatura), radica en que el Ayuntamiento se ha mostrado inflexible ante los despliegues de cableado por fachada en los edificios. Y de manera especial en el centro histórico. Argumentan que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) lo prohíbe y lo argumentan también en que la ciudad y los propietarios de los inmuebles han realizado en los últimos años inversiones millonarias en ocultar el cableado para mejorar la estética de las calles.
En Telefónica, por su parte, defienden que el Ayuntamiento debería haber adaptado su normativa a la nueva Ley de Telecomunicaciones que, a su juicio, les da libertad para realizar el despliegue. Se apoyan en un texto que recoge que las operadoras «podrán efectuar despliegues aéreos en los casos en los que no existan canalizaciones o no sea posible su uso por razones técnicas o económicas» y recuerdan que la misma normativa permite efectuar el despliegue de cables «por fachadas». Eso sí, en este caso «deberán utilizar, en la medida de lo posible, los despliegues, canalizaciones, instalaciones y equipos previamente instalados». Lo prohibe expresamente en «edificaciones del patrimonio histórico-artístico o que puedan afectar a la seguridad pública».
En el Ayuntamiento entienden que la compañía no hace un esfuerzo por minimizar el daño estético y las discrepancias han llegado incluso hasta los tribunales. Los juzgados, aunque por otros motivos, han dado la razón a Telefónica (al menos en las sentencias que han trascendido públicamente).
Las diferencias se llegaron a aparcar con un acuerdo para el despliegue de la fibra en los polígonos , donde el Ayuntamiento accedió a permitir cableados aéreos con carácter excepcional y con la condición de que Telefónica asuma el soterramiento a medida de que se vayan reurbanizado estos espacios.
AVANCES. Ante una situación de enrocamiento por ambas partes, Telefónica ha decidido mover ficha y ha sacado adelante un plan para llevar la fibra óptica a 11.000 unidades inmobiliarias (viviendas y locales) de la ciudad. Lo hará en aquellos espacios que cuenten con redes interiores (no hará cableado por fachadas) y su previsión es haber completado el proyecto en un plazo de dos años. La compañía invertirá en esta tarea 1,5 millones de euros y con ello conseguirá elevar la cobertura de fibra óptica hasta cerca del 70%.
Esta actuación supondrá un avance pero no resolverá el problema del todo. De ahí que ayer directivos de la compañía aprovecharan que el alcalde inauguraba una exposición de Telefónica en la plaza de España para pedirle una solución global. El encuentro sirvió para acordar una reunión entre las partes en octubre.