Una sentencia del Alto Tribunal rechaza que ni la ciudad ni el Estado (aunque la reclamación se dirige contra el Ministerio como contratista) tengan que indemnizar a OHL con 5,73 millones de euros por los daños y perjuicios ocasionados, según su argumentación, por retrasos imputables a la administración durante la ejecución de la variante ferroviaria de Burgos.