La incontestable victoria de Ibercaja en el laudo arbitral que en octubre obligó a la Fundación Cajacírculo a tener que abonar alrededor de 40 millones por realizar una sobrevaloración de la antigua caja en el momento de la integración en el banco, posicionó a la entidad en un lugar de privilegio en la negociación sobre cómo se realizaría el abono de la deuda. Si bien por ningún lado se niega a estas alturas que fue muy generosa con la institución burgalesa, en la firma del convenio entre las partes aprovechó para conseguir algún objetivo. Entre ellos: introducir una cláusula -conocida como derecho de arrastre- en la que se recoge que la Fundación estará obligada a vender el 4% de la propiedad que tiene en el edificio de la sede central si Ibercaja encuentra comprador para el inmueble.