La normativa urbanística aprobada definitivamente en 2014 confirmaba lo que 10 años atrás estableció el TSJCyL, cuando en aquel mes de septiembre y tras varias semanas de protestas ciudadanas ordenó la paralización de las obras por su afección a la ladera del Castillo. 13 años después del culebrón, está próximo un pacto extrajudicial que traslade las 57 viviendas que allí preveía el anterior PGOU.