Defender los intereses públicos frente a las posiciones de la potente industria energética. Esta es la postura defendida por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, en una entrevista concedida a Ical y CyLTV, en la que se muestra claro: la política en materia energética, como los cierres de plantas térmicas o nucleares, la deben decidir los poderes públicos y no las empresas. Ese es el sentido de la Proposición de Ley que registrará en Grupo Popular en el Congreso y que obligará a todos los partidos a pronunciarse sobre esta cuestión. Convencido de que las empresas mineras que han sobrevivido a la reconversión de los últimos años son competitivas, adelanta que las compañías que recibieron ayudas deberán devolverlas, pero que negociará con las instituciones europeas las condiciones para hacerlo y garantizar su viabilidad. De paso, sostiene, hay que pedir a la nueva Comisión Europea más fondos para investigar en captura de carbono.