La sentencia indica que aunque la negativa del acusado a someterse a la prueba de ADN "no integra una prueba de cargo contra él ni incrementa el acervo probatorio que lo incrimina, sí debilita la veracidad de sus alegaciones de descargo". Desestimado el recurso del acusado, la Sala II del Tribunal Supremo confirma la pena de 6 años de prisión por los hechos ocurridos el pasado 17 de agosto de 2013