La primera batalla contra el procés se empezó a librar ayer, en la vista del artículo de previo pronunciamiento, ya que se tiene que dilucidar si será el Supremo o el Tribunal de Justicia de Cataluña (TSJC) la institución que llevará la causa. Así, mientras la Fiscalía aseguró que la deriva secesionista supuso un «atentado grave al interés general de España» en el que se intentó derogar la Constitución y proclamar la independencia, lo que obligó a que el Estado interviniera con la aplicación del artículo 155 de la Carta Magna, las defensas de los 18 procesados argumentaron que los hechos que se les imputan ocurrieron en la región mediterránea, por lo que deben comparecer ante la instancia judicial autonómica.  

Para la Fiscalía, el desafío soberanista constituyó «un atentado al orden constitucional» que trató de derogar la norma máxima de convivencia social y democrática, por lo que «no puede decirse que afecte solo a Cataluña» cuando después se publica la Declaración Unilateral de Independencia (DUI).

Y la clave estuvo, según el jurista, en la respuesta del Estado ante esa rebelión con la aplicación de la Ley fundamental, que requería para su puesta en marcha como condiciones el «incumplimiento de las obligaciones de Cataluña» y que fuera «un atentado grave al interés general de España». «Eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma, por lo que no podemos decir que quede circunscrita al territorio, sino que proyecta el resultado en todo el territorio nacional».

De la misma forma, el fiscal rebatió la tesis de las defensas de que en el extranjero solo se produjeron «hechos aislados» sin relación con los delitos, cuando la hoja de ruta del procés decía que «era absolutamente necesario internacionalizar el conflicto».