La operación fue denunciada por la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Cuentas al considerar que se habían producido irregularidades administrativas y legales y al entender que el precio pagado por los terrenos, 1,77 millones, era "excesivo y desproporcionado" y pedían el reintegro de 882.434,16 euros al erario público. La sentencia resuelve que el precio fue correcto, adecuado y proporcionado