Cuando un bien inmueble, ya fuera una iglesia, una ermita, una casa del cura, un huerto... carecía de dueño, es decir, no había ningún papel legal que determinara quién era el titular, la Ley Hipotecaria permitía a las administraciones públicas o a la Iglesia Católica inscribirlo a su favor. O lo que es lo mismo, hacerse con la propiedad de dicho edificio o inmueble. Esto fue posible gracias a una reforma de la legislación realizada en 1998 por el Gobierno de Aznar a partir de la cual, las parroquias podían inscribir como propios todo tipo de bienes con el único requisito de presentar un certificado emitido por los propios obispados. Y esto fue así hasta que en 2015 entró en vigor otra reforma de la Ley por la que ya solo las administraciones públicas podían inmatricular inmuebles sin dueño registrado.

En esos 17 años, de 1998 a 2015, la Archidiócesis de Burgos inmatriculó en la Ribera en torno a 225 bienes. Así lo confirman desde el propio Arzobispado provincial, donde señalan que aunque son datos «aproximados», son «fidedignos». En la sede eclesiástica explican que esas 225 propiedades que ahora les pertenecen se dividen en dos distritos hipotecarios (estructuras similares a los partidos judiciales que abarcan una población central y todas las localidades de su entorno). Son el de Aranda, donde se inmatricularon alrededor de 150 propiedades, y el de Roa, en el que el Arzobispado inscribió a su favor unos 75 inmuebles o terrenos.

El registro de bienes por parte de la Iglesia se realizó de la misma forma en toda la provincia de Burgos, por lo que el cambio interno que vivió la Archidiócesis a partir de 2004 hizo que el ritmo de inmatriculaciones se incrementara. «En ese momento es cuando entro yo y sustituyo a una persona que se jubiló. Esa persona tenía más un perfil de gestión de fincas rústicas y el mío está más enfocado al Derecho», declara el responsable jurídico de Patrimonio del Arzobispado de Burgos, Rodrigo Saiz. Él mismo expone que aunque no se dividía la labor por zonas, había unos principios generales a la hora de documentar y registrar las propiedades: «Nos preocupaban sobre todo las localidades más significativas, y lógicamente Aranda es una de ellas».

Entre esos 225 bienes inmatriculados, hay tres en los que el debate sobre quién debía ser el titular llegó a los juzgados. En el caso de San Juan del Monte, quien reivindicó la propiedad fue la Junta Vecinal y perdió, para finalmente pasar a ser propiedad de la parroquia, recuerda Rodrigo Saiz. El responsable de Patrimonio habla de otro episodio en el que pasó lo contrario: «La parroquia tenía inmatriculada la ermita de San Isidro y el tribunal determinó que era del Ayuntamiento». 

Por último, la ermita del Padre Eterno de Fuentespina es la única cuya titularidad sigue sin resolverse. El conflicto entre Ayuntamiento y Parroquia ha llegado hasta el Tribunal Supremo. 

El Ministerio de Justicia está elaborando un listado en el que se detallarán todos los bienes inmatriculados por la Iglesia. Desde el Obispado reciben esta noticia con «absoluta tranquilidad», porque la Archidiócesis «ha utilizado el mecanismo legal establecido». «A mi juicio hay una tergiversación interesada», señala Saiz, que aclara que «en casos como el de Santa María de Aranda, que es de la época de los Reyes Católicos, no hay documentación, y entonces la Ley preveía que a falta de un título, la Iglesia pudiera certificar el dominio». Como acabó ocurriendo en esta iglesia.

El responsable de Patrimonio reconoce que no se inmatricularon solo iglesias, sino que también casas parroquiales, huertas, cementerios... Admite que también puede ser que algunas viviendas estén alquiladas a gente ajena a la Iglesia, porque lo «deseable es que la casa esté ocupada». Ahora «hay más casas que curas» y por ello, «cuando no se pueden ocupar de ninguna forma, se ponen a la venta». Recientemente, el Obispado ha traspasado las casas parroquiales de Arandilla y Zuzones.