Violencia machista, sexista, de género, contra las mujeres, violencia doméstica... En los medios de comunicación se usan habitualmente todas estas definiciones para hablar de lo mismo: el menoscabo a la dignidad -y la vida- de las mujeres por el hecho de serlo. Las dos ponentes que participaron en la mesa redonda sobre Mujeres, violencia de género y medios de comunicación. Estado de la cuestión tampoco se pusieron de acuerdo sobre cuál es la definición más idónea. La fiscal coordinadora de Violencia de Género en Castilla y León, María Boado, consideró que desde el punto de vista penal la mejor definición es «violencia de género», porque el resto de términos son limitados. Por su parte, la profesora de la Universidad Complutense y especialista en cuestiones de género, Fátima Arranz, cree que el término legal se queda corto y prefiere hablar de violencia contra las mujeres, incluyendo en este apartado cuestiones como la ablación o la trata de personas.

Al margen de la definición, ambas ponentes estuvieron de acuerdo en que nunca fue un problema doméstico, y tampoco meramente social: «La violencia de género es un problema estructural, y sin embargo se trata como un problema coyuntural», aseguró en su intervención la profesora Arranz. «Hay que darle la dimensión política que requiere. No se le da ni el tratamiento político que necesita por parte de la clase política ni por parte de los medios. La dimensión pública que se ha conseguido es importante, pero no es equivalente a la dimensión política», añadió.

Desde el punto de vista de los medios, la fiscal Boado hizo hincapié en el papel que pueden tener prensa, radio, televisión y redes sociales a la hora de denunciar determinadas actitudes para que puedan tipificarse como delitos. Para explicarlo puso de ejemplo el caso de una concejala, víctima de una ex-pareja que hizo público sin su consentimiento un vídeo grabado en la intimidad. En ese momento un juez determinó que no se había cometido delito, porque no estaba tipificado como tal. Pero a raíz de ese caso el Código Penal incluyó como hecho delictivo «la divulgación no autorizada de imágenes o grabaciones íntimas, incluso si se han obtenido con consentimiento de la víctima».

Del mismo modo consideró que los medios de comunicación deberían informar, junto a los hechos delictivos, «de los recursos que existen para las víctimas». En ese sentido destacó los avances conseguido con la Ley Contra la Violencia de Género: «Se han creado registros, se controlan mejor las órdenes de protección, hay dispositivos electrónicos colocados a maltratadores en situaciones de riesgo, controlamos a los maltratadores en sus permisos penitenciarios, se informa a la víctima cada vez que la persona condenada sale a un permiso, se le impone una pulsera en los permisos...».

Además de poner el foco en la juventud, ya que son las que menos denuncian, Boado valoró que la mujer «empieza a denunciar un primer hecho, que puede ser violencia psicológica o física. Esto antes no ocurría. Y con este primer hecho se frena el resto de violencia que pudiera producirse».