Casi la mitad del parque automovilístico de Burgos, 92.020 turismos, el 48,2% del total con el que cuenta la provincia, tendrá prohibido circular por el centro de Madrid (es decir, por el interior de la M-30) si se superan dos días consecutivos el nivel de aviso (previo al de alerta) establecido en el nuevo protocolo de contaminación que esta semana ha entrado en vigor en la capital de España. El veto, que es más que previsible que se active este invierno, incluye a todos los turismos que ya no pueden llevar distintivo ambiental alguno porque no cumplen con los requisitos mínimos para ser calificados como vehículos limpios. En el caso de Burgos, incluye a los 59.990 diésel matriculados antes del año 2006 y los 32.030 de gasolina anteriores al 2000.
Madrid ha dado un primer paso contra la contaminación ambiental, lo mismo que están haciendo el resto de grandes capitales españolas (en Barcelona también hay en marcha iniciativas en este sentido) y europeas. En todas ellas se están implementando diferentes tipos de restricciones al tráfico de coches en sus centros urbanos de acuerdo a los niveles de emisiones tóxicas que alcancen. Esto supondrá un condicionante añadido para el desplazamiento de turismos [no sumamos la incidencia que tendrá en motocicletas, furgonetas y camiones] a lo largo de la geografía española y europea en el futuro y un claro cuestionamiento de la viabilidad del automóvil tal y como lo hemos entendido hasta la fecha.
Y es que la lucha contra la emisión a la atmósfera de partículas de Dióxido de Nitrógeno (NO2), entre otros gases tóxicos contaminantes, ha puesto en clara evidencia la antigüedad y el daño ambiental que genera el envejecido parque automovilístico nacional.
La provincia de Burgos no es ajena a esta problemática. Con un parque de 190.842 turismos, según los datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta agosto, 111.843 de ellos son diésel (el 58,6%) y 78.782 gasolina. Pues bien, tan solo un 12% de ambos tipos de motores superan la norma Euro 6, en vigor desde septiembre 2014 y la más exigente hasta la fecha en los niveles de las emisiones.
En apenas dos décadas, se han pasado de los 500 miligramos de emisiones tóxicas por kilómetro recorrido en las pruebas de homologación (no en carretera) a los 80 miligramos que se exigen en la actualidad y que, a vista de la drástica evolución del cambio climático, son insuficientes.
A lo largo de los últimos 26 años se han ido sucediendo las normas europeas Euro, aunque hasta la Euro 3, que entró en vigor en enero de 2000, no hubo ningún tipo de limitación a las emisiones de óxidos de nitrógeno por los tubos de escape, los gases tóxicos que están detrás de muchas enfermedades respiratorias y cardiovasculares que afectan especialmente a las personas mayores y a los niños. Esto quiere decir que el 23% de los turismos en activo en Burgos son altamente contaminantes y quedan al margen de todos los protocolos de protección medioambiental vigentes y los que, a buen seguro, se irán estableciendo en el futuro.