El mal funcionamiento de los servicios municipales o el mal estado de instalaciones o vías públicas son en la inmensa mayoría los motivos por los que los mirandeses presentan reclamaciones de responsabilidad ante el Ayuntamiento después de haberse producido un daño personal o material. Una caída por un mal estado de la acera, una fuga de la red de agua municipal, daños provocados por una instalación deficiente o estropeada... la casuística es variada pero lo cierto es que las reclamaciones se han visto notablemente reducidas en la ciudad.

Si hace una década se acercaban a las cien las reclamaciones anuales, el último ejercicio hubo solo 38, siguiendo la línea de los años anteriores, en los que rara vez se han superado las 40. Sí es cierto que las cuantías de la indemnizaciones varían, y la última factura ha sido bastante más elevada que otros años, con más de 5.473 euros abonados entre un total de 10 reclamaciones estimadas total o parcialmente.

Un dinero que ahora, gracias a los cambios hechos en la última renovación del seguro de responsabilidad municipal, asume de forma íntegra la compañía aseguradora, al haberse quitado la franquicia que antes existía y que obligaba a que el Ayuntamiento asumiera una parte.

De las 28 reclamaciones restantes hay 18 que siguen el procedimiento y aún no han sido resueltas, mientras que en ocho casos han sido desestimadas y en dos de los casos los reclamantes han desistido en el procedimiento. 

Y es que la tramitación es larga y costosa, precisamente porque desde el Consistorio se asegura que el objetivo es acabar los procedimientos con todas las garantías, tanto para los afectados como para el propio Ayuntamiento, que de la experiencia concluye que hay algunos casos en los que actúa la picaresca y los ciudadanos tratan de aprovechar la teórica responsabilidad municipal.

«Entre todo se intuyen algunos casos que intentan aprovecharse, o que han oído que a otra persona se le ha indemnizado por alguna cosa y tratan de hacer lo mismo, pero la tramitación es muy completa y el departamento de Contratación trabaja mucho y bien para que todo el proceso sea con plenas garantías», dice la concejala de Hacienda y Patrimonio, Laura Torres.

Presentada la reclamación por el ciudadano se inicia un expediente en el que se incluyen pruebas (fotos, por ejemplo), partes médicos en caso de lesiones, actas policiales, informes de los servicios técnicos, declaraciones de testigos... todo lo necesario para que pueda resolverse correctamente.

De las ya abonadas de 2015 la mayor fue de 1.612 euros y la menos de 40 euros, y básicamente se trata de caídas en las que se determina que la responsabilidad ha sido municipal por la mala conservación de la acera o la presencia de algún elemento indebido y no señalizado. Reconoce la edil que a veces se quiere cobrar por accidentes que en nada son responsabilidad municipal, pero que se pretende que el Ayuntamiento pague. «Hay cada vez menos, porque ya desde un inicio del procedimiento se desestiman los que no van a prosperar», relata.

Y es que se ha pretendido cobrar una indemnización por infinidad de motivos, desde una prenda dañada por un chicle pegado en un banco a una mancha por un excremento de un ave, pasando por una denuncia la haberse mojado por un aspersor de riego en un parque o por daños sufridos al atravesar una zona con el paso prohibido.

En caso de que el accidente sea en una obra para el Ayuntamiento que se está ejecutando por otra empresa y se determine que hay responsabilidad, es la empresa contratada la que debe asumirla, ya que es a su cargo la conveniente señalización y habilitación de zonas de paso.

El menor número de reclamaciones se vincula igualmente a una sustancial mejora en la ciudad en materia de conservación de calles, con varias campañas enfocadas a reparar los daños ocasionados en las aceras y calles por deterioro de adoquines y asfaltado, principales causas de las caídas que conllevan una demanda de este tipo.