Olga A.G. (56 años) decidió hace un lustro que no sería mala idea especializarse en una clase de timo que le reportaría pingües beneficios... y, a la postre -y a su pesar- varias condenas a prisión, tres por el momento. La Audiencia provincial acaba de confirmar la tercera, una sentencia que le impone siete meses de cárcel por prometer un empleo a una vecina en la UBU a cambio de un pago de 700 euros.
Y es que la protagonista de este artículo se había convertido en una experta en estafar a personas a las que aseguraba que podía enchufarlas en cualquier Administración. En el caso de este último fallo judicial se trataba de la Universidad de Burgos pero ya había protagonizado hechos similares prometiendo trabajo en los juzgados de la ciudad y en el Ayuntamiento.
Era el mes de septiembre de 2013 cuando Olga A.G. contactó con una vecina de su pueblo, Villalbilla, a la que conocía de antes. En la conversación, la acusada supo que esa habitante de la localidad se encontraba en paro. De modo que le aseguró que ella podía conseguirle un puesto de trabajo como personal de servicios en la UBU, «aparentando tener la capacidad de realizar la gestión con éxito».
Como paso previo a la consecución del empleo, la víctima tuvo que entregar a la acusada la suma de 700 euros. Sin embargo, tal como establece la resolución judicial, desde un primer momento Olga A.G. «pretendía incorporar tal cantidad a su patrimonio sin tener intención de aplicar» dicho importe a gestionar la colocación de su vecina en la Universidad. Posteriormente, una vez que no consiguió el trabajo para su conocida, tampoco le restituyó el dinero adelantado.
Hace seis meses que el Partido Popular ha expulsado a Olga A.G. Y es que esta mujer utilizaba su condición de afiliada para aparentar tener capacidad de influir en las Administraciones donde prometía empleo. La denunciante en este último caso declaró que la acusada le iba a conseguir el trabajo «a través de personas del PP». De hecho, recogió los 700 euros de la víctima a las puertas de su sede.
La mujer realizó varias llamadas a la estafadora entre 2013 y 2016 para reclamarle la cantidad, hasta que finalmente decidió presentar denuncia. Olga A.G. se defendió manifestando que la víctima pretendía vengarse de ella por no colaborar en procedimientos judiciales en los que la denunciante estaba inmersa. Pero La Audiencia concede credibilidad al testimonio de la víctima, pues existe una clara persistencia en la incriminación, no hay móviles espurios que pretendan perjudicar a la acusada, además del hecho -nada desdeñable,- de que ya había sido condenada por hechos similares.
Efectivamente. A finales de 2016 otro Juzgado de lo Penal le impuso año y medio de prisión por engañar en 2012 a otra vecina de Villalbilla a la que conocía de haberla visto participar en campañas electorales del PP. Le consiguió sacar 4.000 euros a cambio de procurarla un empleo en los juzgados, donde tenía mano por haber sido miembro de un ente que se inventó y que denominó Comisión de Justicia, Sanidad y Educación. El trabajo no existía.
Pero es que en 2017 fue de nuevo condenada, en esa ocasión a 10 meses de cárcel, por unos hechos ocurridos en 2015. Esa vez su víctima fue un pariente lejano. Le contó en un bar que su nieto estaba en paro. Ella le dijo que no se inquietara, que ella lo solucionaría, le enchufaría de jardinero en el Ayuntamiento de Burgos. Para realizar las gestiones le pidió 3.000 euros, pero tras su entrega el joven no consiguió ningún trabajo.