La Inspección de Trabajo realizó en 2017 más de 6.200 visitas a empresas ubicadas en la provincia y saldó su labor de vigilancia en el ámbito laboral con la detección de 1.069 infracciones. Una serie de irregularidades por las que, según han calificado en los expedientes, se deben de abonar más de 2,7 millones en multas. Aunque aquí, la labor sancionadora queda muchas veces en manos de la Junta (quien tiene esas competencias).Uno de los ámbitos en los que más ilegalidades se detectaron fue en la persecución de la economía irregular. Es decir, en la localización, por ejemplo, de personas que trabajan sin estar dadas de alta en la Seguridad Social o cotizan por menos tiempo del que están en su empleo. Más en la edición impresa o aquí.