La exposición al amianto sin medidas de protección, aunque sea por un corto plazo de tiempo, puede ser letal. «Con inhalar unas cuantas fibras de este material pueden sobrevenir, en el futuro, enfermedades graves, mortales», señala Sonia López Castillo, jefa de la Sección de Prevención de Riesgos Laborales de la Oficina de Trabajo de Burgos. Cuanto más contacto tenga una persona con este agente cancerígeno «más opciones hay de contraer una cáncer de pulmón, fibrosis quística, etc; pero es como una lotería, una exposición puntual puede provocar una desgracia a largo plazo». Por ello la Junta de Castilla y León ha intensificado la labor de información y de control de las obras y reformas donde hay que retirar amianto. Cada vez hay más empresas especializadas, 32 en Burgos, y año a año el número de trabajos comunicados para eliminar este material constructivo se han multiplicado. En este año la cifra ha aumentado un 60%, de los 66 a los 105 con los que acabará el año 2018 (haciendo la proyección desde los 88 registrados en los 10 primeros meses del ejercicio).
Pese a que otros países prohibieron su utilización el pasado siglo, España no lo hizo hasta 2002. Por tanto, muchas, «si no la mayor parte», de las construcciones -sobre todo de carácter industrial- que se levantaron hasta esa fecha contienen amianto, muy valorado como aislante, pero muy peligroso para quienes lo manipulan. Desde que se promulgó el Real Decreto de agentes cancerígenos, químicos y amianto, la Oficina de Trabajo ha controlado que las empresas que trabajan con ese material respeten las normas para su manejo, pero fue a partir de 2010 cuando verdaderamente impulsó la intervención «para aumentar las exigencias a las empresas y velar por su estricto cumplimiento».
La mayor parte de los trabajos que controla la Junta tienen que ver con obras de reforma en recintos industriales que conllevan la demolición de alguna estructura que contiene amianto. Los propietarios de esas instalaciones encargan a una empresa la remodelación y la edificación de una nueva nave. Si esa constructora no está dada de alta en el Registro de Empresas con Riesgo por Amianto (RERA), ha de subcontratar las labores específicas de derribo con una compañía que sí esté presente en ese fichero. Y éstas son las que deben cumplir con todos los protocolos que impone el Real Decreto, tales como usar buzos desechables, mascarillas, cabinas de descontaminación, además de hacer cursos anuales de formación y disponer de sistemas de medición ambiental y personal de amianto.
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