El 13 de enero de 1998 se firmó en Burgos uno de los convenios más trascendentes y polémicos de la historia de la ciudad: el del desvío ferroviario. Sin un proyecto serio que sostuviera la estimación, se estipuló que desviar el tren costaría 114 millones de euros, de los que el Estado pagaría la mitad y el resto se lo repartían a partes iguales entre la Junta y el Ayuntamiento. La ciudad se quedaría con el suelo liberado (terreno para viviendas, sobre todo) pero asumía la totalidad del sobrecoste de la obra. Sin límites. Sin planos. Sin juicio. Cuantos estuvieron en aquella negociación o al cabo de los términos de la misma coinciden en señalar que había que tomar decisiones rápidas y efectivas, así acabaran siendo lesivas en años venideros.