El Consejo de Gobierno ha aprobado esta mañana el Proyecto de Ley de Transporte Público de viajeros por carretera de Castilla y León, cuyo objeto fundamental es establecer un marco jurídico estable acorde a la normativa estatal y europea, pero adaptado a las singularidades de Castilla y León. El texto reconoce el carácter universal y de servicio público esencial instrumental del transporte público de viajeros por carretera para el acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios públicos básicos. La nueva norma da cabida a un transporte eficiente, sostenible, seguro, moderno y de calidad en Castilla y León, que conecte lo rural y lo urbano y coloca al ciudadano en el primer plano reconociendo un catálogo de derechos de las persona usuarias que la Administración debe tutelar.

La nueva Ley de Transporte Público de viajeros por carretera, que deberá ser aprobada por las Cortes de Castilla y León, quiere dar respuesta a la realidad de esta Comunidad, que cuenta con más de 6.000 núcleos de población, y actualmente más de 150 operadores y 300 títulos concesionales de transporte. No obstante, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, indicó que se reducirán para mantener unas 80 concesiones, que en esta ocasión no serán para servicios lineales sino zonales contando con la nueva ordenación del territorio.

Esta nueva Ley de transporte está diseñada para una Comunidad eminentemente rural, por ello se da rango normativo al transporte rural, como reconocimiento a una de las singularidades fundamentales de la movilidad de nuestro territorio, donde, además lo rural y lo urbano se  complementan, y en el que es preciso dar respuesta en términos de movilidad tanto al 80% de población que vive en el 12% de nuestros municipios, como dotar de transporte público  a ese 88% de municipios donde viven el 20% de los habitantes de nuestra Comunidad.

Estas peculiaridades socio-territoriales exigen soluciones diferenciadas respecto de otras zonas del territorio nacional, de ahí que su característica principal sea el reconocimiento por primera vez del transporte público de viajeros por carretera como un servicio esencial y universal, entendiendo su trascendencia instrumental para acceder en condiciones de igualdad al resto de servicios básicos.