Tras una denuncia ciudadana en octubre de 2016 se dio instrucción a la Policía Local para que se personara en el lugar. Allí se toparon con una arrendataria que manifestó que la actividad es el salón de masajes y que las trabajadoras utilizan el lugar a modo de residencia habitual. Los servicios técnicos estudiaron el caso y concluyeron que la actividad no sería legalizable y decidieron el cierre.