El expresidente de Caja de Burgos José María Arribas Moral está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La Audiencia Provincial ha confirmado el auto por el que pasa de investigado a encausado en el proceso abierto por llevar a cabo presuntamente operaciones financieras ventajosas para él y sus sociedades cuando estaba al frente de la entidad. Contra la resolución del tribunal ya no cabe recurso alguno, por lo que el siguiente paso será el de remitir el procedimiento a las acusaciones a fin de que redacten o no escrito de calificación de los hechos. Podrían no ver delito en las conductas investigadas y sobreseerse el caso, algo complicado, pues la Fiscalía «coincide en sus informes en que hay elementos indiciarios suficientes para extrapolar» el comportamiento «denunciado al acto de juicio oral por las infracciones de apropiación indebida y administración desleal».

El procedimiento tiene su origen en la denuncia que presentó UPyD en 2014, si bien el partido abandonó en 2015 todas las causas judiciales por la falta de apoyo ciudadano. No obstante, el proceso siguió adelante en el Juzgado de Instrucción 2, cuyo auto de conversión de las diligencias en Procedimiento Abreviado es el que ha confirmado ahora la Audiencia.  La defensa de Arribas recurrió con varios argumentos, entre ellos el de que la resolucion contenía omisiones de hechos sustanciales en cuanto a la valoración sobre la capacidad de decisión para conceder o denegar contratos de financiación o sobre sus condiciones. 

Pero la Audiencia, «sin prejuzgar el contenido de la prueba a vertebrar en el juicio», considera que a la vista del conjunto de las actuaciones de la fase instructora «se infieren indicios sólidos y fundados contra el recurrente por los tipos penales» de apropiación indebida y administración desleal. Y es que, según el auto del tribunal provincial, «no se han disipado de forma suficiente los indicios de criminalidad que se derivan de las diligencias de prueba». 

El auto de Instrucción 2, que reproduce la Audiencia en su resolución, contiene una relación detallada de operaciones de crédito a favor de sociedades participadas por Arribas Moral o por alguno de sus familiares mientras era presidente de Caja de Burgos, entre 2005 y 2010. La cuantía de las mismas asciende a más de 35 millones de euros y suponían el 93,8% de todas las operaciones efectuadas por la entidad con miembros del Consejo de Administración, parientes o empresas vinculadas.

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