La violencia machista vuelve a repuntar en la provincia de Burgos. Y además lo hace con mucha fuerza. Las denuncias presentadas en el primer trimestre del presente año crecen un 27% al pasar de las 177 registradas en los tres primeros meses de 2017 y las 225 contabilizadas de enero a marzo de 2018, según los datos que publicó ayer el Observatorio de Violencia de Género. Las órdenes de protección que concedieron los jueces a las víctimas se incrementaron en la misma medida, un 28% en concreto. Si en el primer trimestre de 2017 se dieron 50, en el mismo tiempo del presente ejercicio se ejecutaron 64.

La mayoría de las medidas impuestas a los agresores tienen que ver con el alejamiento de sus parejas o exparejas y la prohibición de comunicación -61 en el primer trimestre-. El juzgado envió a la cárcel a cuatro hombres y a tres les ordenó la salida del domicilio familiar. Eso en cuanto a las medidas penales, pero los jueces también dictan resoluciones de tipo civil. Así, de enero a marzo fueron revocados los regímenes de visitas a sus hijos a 10 denunciados y en otros cinco casos fue suspendida la guardia y custodia de los vástagos.

No todas las denuncias concluyen en un procedimiento judicial. Por distintos motivos hay víctimas que cuando llega el momento de acudir al juzgado deciden no prestar declaración. Entre enero y marzo de este año un 28% de las mujeres se acogieron a este derecho, con lo que la mayor parte de las causas terminan archivándose por falta de pruebas, ya que el principal indicio es el testimonio de la mujer. 

Durante los tres primeros meses del año, 2 procedimientos concluyeron con el sobreseimiento libre -definitivo- de los denunciados por no haber indicios racionales de delito o por exención de responsabilidad criminal. Otras 87 causas fueron archivadas de forma provisional porque no estaba justificada la perpetración del delito.

Eso sí, los casos que terminan en juicio están bien fundamentados, porque las condenas alcanzan el 100% en la provincia de Burgos. De 33 enjuiciados, 33 sentenciados a distintas penas, 27 de nacionalidad española y 6 extranjeros, según el propio Observatorio.

La mayor parte de las denuncias son presentadas por las mismas víctimas, en concreto un 60%. Pero no todas se atreven a hacerlo. De ahí que en un 5% de los casos sean los familiares quienes ponen los hechos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Un 4% proceden de los partes de lesiones que efectúan los médicos en hospitales y centros de salud. Y una cuarta parte tienen origen en una intervención policial. 

Más en la edición impresa o aquí.